Sofía Guillén cuestiona tarifas del agua y AyA responde
La discusión sobre cómo se calculan las tarifas del agua potable en Costa Rica vuelve al centro del debate público. En medio de cuestionamientos planteados por autoridades y denuncias de usuarios, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) salió al paso para explicar quién tiene realmente la responsabilidad de fijar los cobros por este servicio esencial.
La incertidumbre creció luego de que la diputada Sofía Guillén Pérez y la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica señalaran preocupaciones sobre la forma en que se factura el agua potable, especialmente en casos donde varias familias comparten un mismo medidor. Las declaraciones despertaron interrogantes entre miles de usuarios sobre quién define las tarifas y bajo qué criterios se realizan los cobros.
Ante este escenario, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados emitió una aclaración pública para explicar el funcionamiento del sistema tarifario del servicio de agua potable en el país.
¿Quién define realmente las tarifas del agua?
De acuerdo con el AyA, la institución no establece ni las tarifas ni la metodología de facturación del servicio de agua potable. Esa competencia recae en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, entidad encargada por ley de regular los precios de los servicios públicos en el país.
“El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) considera importante aclarar a la opinión pública varios aspectos relacionados con la facturación del servicio de agua potable”, indicó la institución.
La entidad explicó que la ARESEP es la responsable de definir los esquemas tarifarios aplicables a todos los operadores del país. Esto incluye tanto al AyA como a otros prestadores de servicios públicos que deben cumplir con las resoluciones emitidas por el ente regulador.
Como operador del servicio, el AyA tiene la obligación de aplicar las tarifas y metodologías que establezca la ARESEP. Este modelo de regulación es el mismo que se utiliza en otros servicios públicos del país, como electricidad, transporte y telecomunicaciones.
El problema de los medidores compartidos
Uno de los puntos que generó mayor debate tiene que ver con viviendas donde varias familias comparten un solo medidor de agua. Según explicó el AyA, esta situación puede provocar que el consumo total de agua sea clasificado bajo categorías de mayor consumo, lo que incrementa el monto de la factura.
La preocupación fue señalada por la diputada Guillén y también por la Defensoría de los Habitantes, que advirtió sobre el impacto económico que podría tener este esquema en comunidades vulnerables.
El AyA señaló que la institución ya había advertido a la ARESEP sobre esta situación.
Según la entidad, “la aplicación de la tarifa de grandes consumidores podría generar impactos no solo en condominios, sino también en caseríos o edificaciones donde varias unidades habitacionales se abastecen mediante un solo medidor”.
Este escenario es común en diversas zonas del país donde varias familias comparten infraestructura de agua por razones de vivienda o planificación urbana.
Gestiones ante el ente regulador
Ante esa preocupación, el AyA indicó que solicitó espacios de diálogo y análisis con la ARESEP para discutir los posibles efectos del modelo tarifario.
Estas gestiones permitieron realizar reuniones técnicas con la Intendencia de Agua del ente regulador. Sin embargo, según informó la institución, la ARESEP decidió mantener la metodología de facturación y el esquema tarifario vigente.
Esto significa que, al menos por ahora, no habrá cambios en la forma en que se calculan los cobros del servicio de agua potable bajo este sistema.
Posibles cambios dependerán de ARESEP
El AyA reiteró que cualquier modificación en la estructura tarifaria o en la metodología de cobro debe ser analizada y aprobada por la ARESEP, ya que se trata de decisiones regulatorias.
Una vez que el ente regulador define esos cambios, los operadores del servicio —como el AyA— deben implementarlos en su sistema de facturación.
Mientras tanto, la institución aseguró que mantiene su disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones que permitan garantizar un servicio justo y transparente.
“El AyA reitera su disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones y aportar información técnica, siempre en coordinación con la ARESEP, con el objetivo de garantizar un servicio justo, transparente y sostenible para las personas usuarias”, indicó la entidad.
La discusión sobre el cobro del agua podría continuar en el debate público y político, especialmente si surgen nuevas propuestas para revisar el sistema tarifario o mejorar la equidad en la facturación del servicio.
