Sala IV rechaza recurso contra traslados al CACCO y el Gobierno mantiene su plan penitenciario
La Sala Constitucional rechazó de plano un recurso de amparo que pretendía detener los traslados al CACCO, el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado ubicado en La Reforma, San Rafael de Alajuela. La decisión deja sin obstáculo judicial el plan del Ministerio de Justicia y Paz.
Traslados al CACCO: qué alegaba la ONG
La gestión fue presentada el 14 de octubre por la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias. La organización expresó su preocupación por las condiciones de seguridad, salud y privacidad dentro del nuevo centro penitenciario de máxima seguridad.
Entre los cuestionamientos planteados figuraban el riesgo de enfrentamientos entre miembros de organizaciones criminales rivales, las altas temperaturas, la ventilación de los módulos, la privacidad en los servicios sanitarios y la capacidad de atención médica disponible para la población reclusa.
Según la información divulgada, los magistrados consideraron que los argumentos se basaban en “situaciones hipotéticas” y que no se demostró una afectación concreta a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, requisito indispensable para acoger un amparo.
Un rechazo que no equivale a aval total
Con esta resolución, el recurso no representa un impedimento para que continúen los traslados. Sin embargo, el rechazo de plano no implica que la Sala haya declarado constitucionales todas las condiciones del establecimiento, ya que no se entró a analizar el fondo de los reclamos.
Esto significa que, si en el futuro se documentan afectaciones concretas a los derechos de los reclusos, la vía constitucional seguiría abierta para nuevos recursos, siempre que se aporten pruebas sobre situaciones reales y no eventuales.
Una cárcel para 5.100 privados de libertad
El CACCO fue inaugurado el 14 de octubre por el Gobierno de la presidenta Laura Fernández, el mismo día en que la ONG presentó su gestión ante la Sala IV. El centro tiene capacidad para albergar hasta 5.100 privados de libertad vinculados al crimen organizado.
Los primeros 123 internos ingresaron el lunes 26 de octubre, como parte de la estrategia del Ministerio de Justicia y Paz para reforzar la seguridad penitenciaria y aislar a los perfiles considerados de mayor peligrosidad dentro del sistema carcelario.
Traslado tras video grabado en La Reforma
A ese primer grupo se sumaron nueve reclusos que fueron identificados luego de la difusión de un video grabado dentro de La Reforma. Su traslado se produjo tras un operativo en el que las autoridades decomisaron 26 armas artesanales, un teléfono celular y otros artículos prohibidos.
El caso evidenció los problemas de control dentro de los centros penitenciarios tradicionales, uno de los argumentos que el Gobierno ha utilizado para justificar la construcción y puesta en operación de una cárcel de alta contención.
Lo que sigue para el sistema penitenciario
El Gobierno continuará con los traslados progresivos de privados de libertad hacia el nuevo centro. Al mismo tiempo, mantiene la obligación de “garantizar los derechos fundamentales” de las personas recluidas, según lo establece el marco legal costarricense.
El Ministerio de Justicia y Paz no ha precisado cuántos internos serán trasladados en las próximas semanas ni el calendario completo para alcanzar la capacidad máxima del CACCO, ubicado en el complejo penitenciario de San Rafael de Alajuela.
