Marta Esquivel denuncia penalmente a Contralora Marta Acosta por presunto uso de recursos públicos
La diputada oficialista Marta Esquivel presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra la contralora general de la República, Marta Acosta, por el presunto uso ilegítimo de recursos públicos para asumir la defensa personal de funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR). La gestión solicita que la Fiscalía investigue si existió un eventual uso indebido de recursos institucionales.
La legisladora dio a conocer la presentación de la denuncia mediante un comunicado oficial, en el que sostiene que los hechos podrían constituir el presunto delito de peculado de servicios, figura contemplada en el Código Penal. Según el documento, la investigación busca determinar si recursos humanos y jurídicos de la CGR fueron utilizados para fines distintos a las funciones institucionales.
Marta Esquivel denuncia a Marta Acosta por presunto uso de recursos públicos
De acuerdo con la información divulgada por la diputada, la denuncia fue presentada ante el fiscal general, Carlo Díaz, luego de que la Presidencia de la Asamblea Legislativa recibiera el pasado 13 de julio un correo con una denuncia ciudadana relacionada con la actuación de la Contraloría.
En ese documento, según Esquivel, se advertía sobre una aparente utilización de la División Jurídica de la institución para brindar defensa legal a funcionarios demandados de manera individual, lo que, de comprobarse, implicaría un uso de recursos públicos sin respaldo legal.
Investigación solicitada al Ministerio Público
La diputada afirmó que el propósito de la denuncia es que la Fiscalía determine si existió alguna irregularidad y establezca las eventuales responsabilidades. Además, pidió que se practiquen las diligencias necesarias para verificar el grado de participación de los involucrados y una posible afectación al patrimonio estatal.
«Dicho proceso tiene como finalidad determinar la verdad real de si se están utilizando recursos públicos sin una autorización legal para beneficiar a un grupo pequeño de funcionarios de la Contraloría, pero que finalmente incumple las normas de ley», señaló Esquivel.
La denuncia también cita que los hechos podrían ajustarse al delito de peculado de servicios, previsto en el artículo 361 del Código Penal, el cual sanciona a los funcionarios públicos que empleen trabajos o servicios financiados por la Administración Pública en beneficio propio o de terceros.
El escrito entregado al Ministerio Público sostiene que la utilización de personal jurídico institucional para la representación de funcionarios en procesos individuales podría constituir un desvío de recursos públicos destinados al cumplimiento de las funciones propias de la Contraloría General.
Por su parte, la Contraloría General de la República informó que no emitirá comentarios adicionales sobre el caso mientras se desarrollen los procedimientos correspondientes. La institución indicó que considera la denuncia como una nueva acción dirigida contra la Contralora, los funcionarios de la entidad y la institucionalidad.
«Con respecto a la denuncia planteada por la diputada Marta Esquivel, se trata de una acción más contra la Contralora General, los funcionarios de la Contraloría y la institucionalidad, de modo que no nos referiremos sino en el procedimiento que corresponda en las vías pertinentes», indicó la institución mediante un comunicado.
La diputada también manifestó que la investigación debe realizarse con objetividad y apego a la ley, enfatizando la importancia de garantizar la correcta administración de los recursos públicos.
«La fiscalización debe comenzar por quienes administran y vigilan los recursos públicos. Nadie puede estar por encima de la ley ni utilizar recursos del Estado para fines personales», expresó la legisladora.
Asimismo, agregó que ahora corresponde al Ministerio Público analizar la denuncia presentada y desarrollar las actuaciones que considere pertinentes para determinar si existen elementos suficientes que respalden la apertura de un proceso penal o cualquier otra actuación judicial relacionada con los hechos denunciados.
