Justicia desafía a Defensoría de los Habitantes y mantiene mano dura en las cárceles
El Ministerio de Justicia y Paz anunció que no aplicará las recomendaciones emitidas por la Defensoría de los Habitantes (DHR) sobre las condiciones de las personas privadas de libertad ubicadas en el circuito de alta contención. La institución sostiene que las medidas vigentes responden a criterios de seguridad y forman parte de la estrategia estatal contra la criminalidad organizada.
La decisión fue comunicada este 30 de junio mediante un pronunciamiento oficial, en el que el Ministerio señala que los privados de libertad serán trasladados al Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada (CACCO), infraestructura destinada a albergar a internos considerados de mayor perfil criminal y peligrosidad dentro del sistema penitenciario nacional.
Justicia desafía a Defensoría y mantiene mano dura en las cárceles
Entre las recomendaciones formuladas por la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, figura restituir a esta población el régimen de visitas generales, visitas íntimas, la comunicación y el contacto familiar, así como las oportunidades de acceso al trabajo y a la educación que mantenían antes de la creación del circuito especial de alta contención.
La Defensoría también planteó la necesidad de reformar el Reglamento General del Circuito de Alta Contención para restablecer esas condiciones e impulsar modificaciones adicionales en materia de política penitenciaria y criminal. Estas recomendaciones forman parte de la valoración realizada por ese órgano sobre el funcionamiento del régimen especial.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Paz afirmó que dichas propuestas resultan incompatibles con la política penitenciaria impulsada por el Poder Ejecutivo. Según el comunicado, aceptar esos planteamientos significaría desconocer la naturaleza del régimen especial, diseñado para personas privadas de libertad catalogadas como las de mayor peligrosidad dentro del sistema carcelario.
La institución indicó que el circuito de alta contención fue creado bajo condiciones diferenciadas de control y seguridad, precisamente para reducir riesgos asociados a estructuras criminales organizadas. En esa línea, reiteró que las medidas responden a una estrategia enfocada en fortalecer la seguridad penitenciaria y la protección de la ciudadanía.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, respaldó la decisión institucional y cuestionó las recomendaciones emitidas por la Defensoría. En el comunicado oficial manifestó: «Hace pocos días, la señora defensora afirmó ante la Asamblea Legislativa que defiende a todos los habitantes. Sin embargo, con estas recomendaciones se olvidó de los miles de costarricenses que han sido víctimas de la delincuencia y de estas organizaciones criminales.»
El jerarca agregó que la prioridad del Poder Ejecutivo continúa siendo garantizar la seguridad ciudadana y el control dentro de los centros penitenciarios. En ese sentido afirmó: «En el Poder Ejecutivo, tenemos muy claras nuestras prioridades: primero la seguridad de los costarricenses, el orden en las cárceles y la protección de las víctimas».
Como parte de su posición oficial, el Ministerio reiteró que las disposiciones adoptadas para la población de alta contención responden a criterios de seguridad, control penitenciario y protección de la sociedad costarricense. Asimismo, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral para enfrentar la criminalidad organizada y reducir los riesgos que representan los delincuentes considerados de mayor peligrosidad dentro del sistema penitenciario.
