Empresa de buses Lared apaga cuatro ramales en San José y deja usuarios sin servicio
Usuarios de Barrio México, San Cayetano, Seminario y Barrio Escalante dicen que se quedaron sin alternativas. La empresa atribuye el cierre a pérdidas y al costo del combustible.

La empresa de buses Lared Ltda. suspendió desde el viernes 9 de octubre los ramales de autobús de Barrio México, San Cayetano, Seminario y Barrio Escalante, en San José. Usuarios aseguran que se quedaron sin alternativas de transporte.
La autobusera anunció la medida el miércoles por medio de sus redes sociales. Atribuyó la decisión a los altos precios del combustible y a la falta de demanda regular. Según la empresa, las comunidades que atendía tienen una proporción importante de personas adultas mayores.
Empresa de buses Lared apaga cuatro ramales en San José y deja usuarios sin servicio
Gilberth Fernández, gerente general de la empresa, dijo que el último día de operación se registraron 1.322 marcas de adultos mayores y 4.529 del resto de pasajeros. Las cifras muestran cuántas personas usaban el servicio y deberán buscar otras opciones.
Las razones de la empresa
Fernández afirmó que la compañía ya no podía sostener las pérdidas económicas. Como ejemplo, indicó que el mes anterior el servicio registró alrededor de ¢10 millones en pasajes de adultos mayores. Según explicó, ese monto supera lo que se reconoce en las tarifas que pagan los demás usuarios.
El gerente señaló que la población adulta mayor que usa el servicio va en aumento, mientras el resto de pasajeros disminuye. Agregó que subir más las tarifas no es viable porque “la gente se baja del bus”.
A esto sumó el precio de los combustibles. Indicó que ya se aplicaron dos incrementos y que se anuncia otro para noviembre.
Fernández explicó que la empresa entregó documentación al Consejo de Transporte Público (CTP) y conversó con la institución un día antes del cierre, pero no se alcanzó un acuerdo para mantener el servicio. Según dijo, la empresa intentó sostener la operación en esas condiciones durante más de dos años.
A su criterio, el Gobierno debe definir cómo se financiará el traslado gratuito de los adultos mayores, sin trasladar toda la carga a los operadores y al resto de pasajeros. Sobre los choferes, mecánicos y demás personal del recorrido, indicó que serán reubicados en otras rutas de la empresa.
Usuarios sin opciones cercanas
Hellen Ramírez, docente de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y usuaria del ramal de Barrio Escalante, dijo que ahora las personas deberán caminar más o buscar otro medio de transporte. Advirtió que esas opciones no son viables para todos, especialmente para los adultos mayores. Ramírez agregó que también se verán afectados estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la UNED.
Ángel Godínez, usuario de la misma ruta, explicó que las otras líneas de autobús quedan lejos de las paradas habituales. Según dijo, los pasajeros tendrán que caminar hasta las calles principales de San Pedro o Sabanilla.
En Barrio México, Rosario Núñez, adulta mayor, describió la suspensión como una gran incomodidad, pues depende de la ruta para moverse por el centro de San José.
“Me preocupa porque no siempre tengo una opción de poder tomar otro taxi. A veces hay taxi, pero si no hay taxi el problema es tener que caminar y la inseguridad de cómo está San José”, comentó Ana Yancy Alfaro, funcionaria del Hospital Calderón Guardia. Alfaro mencionó que también usan la ruta compañeros del centro de salud y funcionarios del Poder Judicial.
Aviso que pocos vieron
La mayoría de las personas entrevistadas dijo que no sabía que el servicio dejaría de operar ese viernes. Godínez indicó que le habría gustado conocer la decisión con más anticipación, mediante un comunicado o un aviso en los autobuses. Núñez señaló que había un rótulo detrás del asiento del conductor, pero que no todos los pasajeros podían verlo.
El sector pide definir el financiamiento
Silvia Bolaños, presidenta de la Cámara Nacional de Transportes, afirmó que el cierre de rutas resulta de problemas financieros acumulados durante años. Entre ellos mencionó la competencia de servicios informales y el aumento de los costos de operación.
Bolaños indicó que la discusión no debería centrarse en eliminar la exoneración del pasaje a los adultos mayores, sino en definir de dónde saldrán los recursos. Según explicó, hoy ese costo lo pagan los demás usuarios mediante la tarifa, y ronda los ¢14.000 millones anuales.
No fue posible conocer la versión del CTP sobre posibles medidas para atender a los usuarios afectados. Mientras tanto, el sector espera un nuevo ajuste en el precio de los combustibles en noviembre.





