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«Acuerdo leonino»: Barzuna acorrala a la CGR y va por Solís en Ruta 27

La Contraloría sostiene que el CNC es el administrador del contrato y quien tiene los datos.

El diputado oficialista Antonio Barzuna cuestionó con dureza a la Contraloría General de la República (CGR) por su papel en el acuerdo conciliatorio de 2015 sobre la Ruta 27. El señalamiento se produjo durante una reciente comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.

Ruta 27: el convenio de 2015 que reabre el debate legislativo

Barzuna calificó el convenio como un «acuerdo leonino para el Estado». A su criterio, en aquel momento se trasladó al país todo el riesgo de posibles demandas, lo que desnaturalizó el contrato original de la concesión.

El legislador sostuvo que el arreglo garantizó a la concesionaria, Autopistas del Sol, una tasa de retorno del 11,62%. Añadió que también eliminó el riesgo comercial sobre 43 millones de dólares. Esos dos puntos son el eje de su cuestionamiento.

Durante la audiencia, el diputado identificó a quienes, según su versión, negociaron y suscribieron el acuerdo en representación del Estado y del Consejo Nacional de Concesiones (CNC). Mencionó al expresidente Luis Guillermo Solís, al exministro de Hacienda Helio Fallas y al exministro de Obras Públicas y Transportes Carlos Segnini.

Para Barzuna, el punto central es la distribución del riesgo. Según su planteamiento, el Estado quedó expuesto a eventuales reclamos mientras la concesionaria conservó una rentabilidad asegurada. Se trata de una valoración del legislador, que debe leerse como tal.

El reclamo directo a la Contraloría

Barzuna comparó la actuación de la CGR en otros casos con su posición frente a la Ruta 27. Le planteó al gerente de la División de Contratación Pública, Roberto Rodríguez: «¿Por qué fueron tan eficientes para emitir criterio en el caso de Ciudad Gobierno, en el caso de Marina Limón, y en este caso simplemente dicen no nos corresponde a nosotros?».

Con esa pregunta, el diputado buscó contrastar la disposición del ente contralor en otros expedientes con la postura que, a su juicio, mantiene en este. La interpelación estuvo dirigida a la institución y a su representante en la comisión.

Rodríguez evitó emitir un criterio sobre el impacto financiero del acuerdo. Se limitó a señalar que el CNC es el administrador del contrato y quien posee los datos necesarios para realizar proyecciones.

Consultado sobre el efecto del saldo insoluto en el presupuesto nacional para 2033, el funcionario trasladó la respuesta al CNC. Según el propio consejo, «no es posible en este momento establecer un monto exacto que permita tener certidumbre».

El intercambio dejó planteadas dos posiciones. El legislador reclama un pronunciamiento de la Contraloría, mientras el ente contralor sostiene que la administración del contrato y la información para proyectar corresponden al CNC.

La investigación legislativa cobra relevancia tras las advertencias del consultor financiero Federico Villalobos. Según el especialista, Costa Rica podría enfrentar una deuda de aproximadamente 470 millones de dólares con la concesionaria Globalvía al finalizar el contrato en 2033, producto de lo negociado en 2015.

El año 2033 aparece así como la fecha de referencia. Es el momento en que concluye el contrato y cuando, según la advertencia de Villalobos, se materializaría el eventual pasivo. El CNC, no obstante, indicó que por ahora no puede precisar un monto.

En el material conocido hasta ahora no consta la posición de Solís, Fallas ni Segnini sobre los señalamientos del diputado. Tampoco se detalla una respuesta de la concesionaria. Estas versiones podrían conocerse en las próximas etapas de la investigación.

Barzuna enfatizó que la comisión convocará al expresidente Luis Guillermo Solís para que explique las condiciones bajo las cuales se firmó el laudo conciliatorio 00215-2011-AR-AD-OC. Según el legislador, ese laudo permitió que el Estado asumiera riesgos desproporcionados frente a la empresa concesionaria.

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