Claudia Dobles arremete contra el gobierno: “Sin respeto no habrá acuerdos”
La diputada Claudia Dobles cuestionó el ambiente político que rodeó la reciente reunión entre representantes de los tres poderes de la República convocada para abordar la situación de seguridad que enfrenta Costa Rica. Según manifestó, la construcción de acuerdos efectivos para combatir la criminalidad dependerá no solo de las propuestas que se discutan, sino también de la calidad del diálogo entre las instituciones.
Las declaraciones surgieron después del encuentro que reunió a representantes del Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial con el propósito de analizar acciones conjuntas frente al incremento de los desafíos en materia de seguridad pública. La actividad buscaba fortalecer la coordinación interinstitucional para impulsar respuestas ante las preocupaciones ciudadanas relacionadas con la delincuencia.
Claudia Dobles arremete contra el gobierno: “Sin respeto no habrá acuerdos”
De acuerdo con Dobles, el principal problema observado durante la reunión no estuvo relacionado con los temas incluidos en la agenda ni con los asuntos técnicos abordados por los participantes. A su criterio, la dificultad se presentó en la dinámica de interacción que predominó durante el encuentro.
“Sin respeto no habrá acuerdos”, expresó la legisladora al referirse a la necesidad de mantener espacios de diálogo que permitan avanzar en la construcción de consensos. La diputada considera que la disposición para escuchar posiciones distintas es un elemento fundamental para alcanzar resultados concretos en temas de interés nacional.
Dentro de sus declaraciones, Dobles dirigió críticas hacia el ministro de la Presidencia, a quien señaló como una de las figuras que contribuyó a deteriorar el ambiente requerido para el entendimiento entre los diferentes sectores representados en la reunión.
Según indicó, la forma en que se desarrollaron algunos intercambios entre los asistentes terminó desviando la atención del objetivo principal de la convocatoria, que consistía en explorar mecanismos de cooperación para fortalecer la seguridad ciudadana y enfrentar los retos que plantea la criminalidad organizada.
La legisladora enfatizó que Costa Rica atraviesa una coyuntura compleja en materia de seguridad, por lo que considera indispensable que las instituciones del Estado trabajen de manera coordinada. En ese sentido, señaló que la cooperación entre poderes debe estar sustentada en relaciones de respeto mutuo y voluntad de diálogo.
Dobles sostuvo que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen responsabilidades complementarias dentro de la estrategia nacional de seguridad. Por ello, considera que la búsqueda de soluciones requiere una comunicación constante y mecanismos que faciliten la construcción de acuerdos.
Las declaraciones se producen en un contexto donde diversos sectores han insistido en la importancia de fortalecer la coordinación institucional para enfrentar fenómenos como el crimen organizado, el narcotráfico y el aumento de los índices de violencia registrados en distintas regiones del país.
La diputada afirmó que las diferencias de criterio son parte natural del debate democrático, pero advirtió que estas no deben convertirse en barreras que impidan el trabajo conjunto entre los poderes del Estado. A su juicio, el respeto institucional es una condición necesaria para generar confianza y avanzar en la toma de decisiones.
Finalmente, Dobles hizo un llamado a mejorar la relación entre las instituciones involucradas en las discusiones sobre seguridad nacional. La legisladora considera que el país demanda respuestas efectivas y que los esfuerzos para alcanzarlas deben desarrollarse dentro de un ambiente donde prevalezcan el diálogo, la escucha y la búsqueda de consensos.
El debate sobre la seguridad pública continúa ocupando un lugar prioritario en la agenda nacional, mientras los distintos actores políticos mantienen conversaciones sobre las medidas que podrían implementarse para responder a las preocupaciones de la ciudadanía y fortalecer las capacidades del Estado frente a la criminalidad.
