Carlo Díaz interpone recurso ante la Sala IV para por congelamiento de ₡8.680 millones para OIJ y Fiscalía
El fiscal general de la República, Carlo Díaz, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional con el objetivo de que se ordene la liberación de ₡8.680 millones aprobados por la Asamblea Legislativa para financiar 275 plazas destinadas al fortalecimiento del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
La acción judicial surge tras el congelamiento de esos recursos por parte del Ministerio de Hacienda, decisión que, según el jerarca, afecta la ejecución del presupuesto autorizado para 2026.
El monto en disputa corresponde a fondos incluidos en el Presupuesto Ordinario de la República para 2026. De acuerdo con la distribución aprobada por los diputados, 176 plazas estaban destinadas al OIJ y 99 al Ministerio Público, con el propósito de reforzar la investigación y persecución de delitos vinculados con el crimen organizado, la corrupción y otras manifestaciones de alta complejidad.
Carlo Díaz interpone recurso ante la Sala IV para por congelamiento de ₡8.680 millones para OIJ y Fiscalía
Al anunciar la presentación del recurso, Díaz afirmó que la medida busca proteger principios constitucionales relacionados con el manejo de las finanzas públicas. Según explicó, la decisión de mantener retenidos los recursos vulnera normas fundamentales sobre la ejecución del presupuesto estatal.
“Presenté un recurso de amparo por considerar que se violaron derechos fundamentales en materia de Hacienda Pública: principio de unidad presupuestaria, principio de separación de poderes, especialidad y legalidad presupuestaria”, manifestó el fiscal general.
El Ministerio Público sostiene que la retención de los fondos limita la capacidad institucional para responder al incremento de investigaciones relacionadas con estructuras criminales, delitos de corrupción y casos de violencia de género. Desde esa perspectiva, las nuevas plazas fueron autorizadas precisamente para fortalecer la respuesta del sistema de justicia.
Díaz también señaló que la falta de ejecución del presupuesto aprobado por el Congreso genera consecuencias en la prestación del servicio público. A su criterio, impedir el uso de esos recursos afecta el funcionamiento de las instituciones encargadas de investigar delitos y representa un obstáculo para ampliar la capacidad operativa del Ministerio Público y del OIJ.
Recurso cuestiona la ejecución del presupuesto
La controversia tiene su origen en la decisión del Ministerio de Hacienda de no programar el giro de esos recursos. Según la explicación brindada por las autoridades gubernamentales, el dinero proviene de una reducción aplicada a partidas originalmente destinadas al pago de intereses de la deuda pública, razón por la cual esos montos no fueron incorporados dentro de la programación financiera correspondiente.
El fiscal recordó que, pese a la aprobación legislativa del presupuesto, los recursos continúan sin ejecutarse. Indicó además que la situación se ha mantenido durante distintas administraciones del Ministerio de Hacienda, lo que motivó acudir a la Sala Constitucional para solicitar una revisión del caso.
Desde el punto de vista jurídico, el recurso de amparo busca que los magistrados analicen si la actuación de Hacienda se ajusta al marco constitucional que regula la administración y ejecución del presupuesto público. La resolución también podría establecer criterios sobre los límites entre las competencias del Poder Ejecutivo y las decisiones presupuestarias adoptadas por la Asamblea Legislativa.
Mientras la Sala Constitucional estudia la admisibilidad del recurso y posteriormente analiza el fondo del expediente, el congelamiento de los ₡8.680 millones permanece vigente. La decisión que adopten los magistrados definirá si esos recursos podrán destinarse a las plazas previstas para fortalecer las investigaciones del OIJ y el Ministerio Público durante el ejercicio presupuestario de 2026.
