Dobles teme que software «Pegasus» sea para espiar a opositores en Costa Rica
La diputada Claudia Dobles, de la fracción Agenda Ciudadana, encendió una nueva controversia política al advertir que el reciente decreto de secreto de Estado podría convertirse en una herramienta para vigilar a rivales políticos del Gobierno de Laura Fernández, y no únicamente para proteger información sensible sobre seguridad nacional.
Software espía israelí: la preocupación central de la oposición
La legisladora señaló que existe la posibilidad de que un software espía de origen israelí, conocido internacionalmente como Pegasus, esté siendo utilizado en territorio costarricense. Según explicó, este tipo de tecnología puede instalarse en un teléfono celular sin que la persona lo note, permitiendo el acceso a mensajes, llamadas, ubicación y cámaras.
Dobles recordó que en distintos países de la región este tipo de programas ha sido empleado para vigilar a periodistas y activistas críticos de gobiernos con tendencias autoritarias. Esa referencia regional es la que, según la diputada, alimenta su desconfianza frente al manejo actual de la información clasificada.
La parlamentaria vinculó sus señalamientos con declaraciones previas del jerarca de Hacienda, Rodrigo Chaves, quien manifestó interés en adquirir tecnología israelí para combatir el contrabando y la evasión fiscal. Para Dobles, ese anuncio, sumado al secreto de Estado, genera un escenario de opacidad.
El reclamo por falta de transparencia
“¿Así o más transparente?”, cuestionó Dobles al referirse a la imposibilidad de verificar si algún tipo de vigilancia electrónica se aplica actualmente en el país. La diputada insistió en que, mientras exista la declaratoria de secreto de Estado, resulta imposible confirmar o descartar el uso de este tipo de software.
Este planteamiento se suma a un debate más amplio sobre los límites entre la protección de datos sensibles y el derecho de la ciudadanía a fiscalizar las decisiones del Poder Ejecutivo en materia de seguridad.
La postura oficial del Gobierno
Frente a los señalamientos, la presidenta Laura Fernández defendió la decisión de declarar como secreto de Estado la información vinculada a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), la Fuerza Élite y los contratos de seguridad, en el marco de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.
La mandataria explicó que la medida no busca ocultar información de interés público, sino resguardar datos operativos que, de conocerse, podrían comprometer las labores policiales. Entre los ejemplos mencionados citó el tipo de armamento utilizado por la Fuerza Pública y los horarios de patrullaje.
Fernández fue enfática al aclarar que la reserva no aplica a toda la gestión de seguridad del país, sino puntualmente a los aspectos operativos. Según su explicación, se busca blindar “la información que pueda poner en riesgo la seguridad nacional”, sin restringir el acceso a los datos de carácter público.
El decreto establece, además, que todas las personas que tengan acceso a la información declarada secreta —jerarcas, policías, personal de apoyo y asesores— quedan sujetas a un deber de confidencialidad. El incumplimiento de esta disposición podría derivar en procesos administrativos, sanciones legales y la rescisión de contratos sin responsabilidad para el Estado.
La discusión se produce en un contexto de creciente presión sobre las autoridades costarricenses para reforzar la seguridad ante el avance de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico, lo que ha llevado al Ejecutivo a reservar información considerada estratégica para las operaciones policiales en curso.
