Laura Fernández promete no perseguir a usuarios de bicimotos, pero el reglamento sigue en veremos
La presidenta Laura Fernández descartó este miércoles que su Gobierno vaya a perseguir a los usuarios de bicimotos en Costa Rica, y rechazó de forma tajante la posibilidad de imponer trámites de inscripción costosos o rigurosos para este sector. El anuncio llega en medio de meses de tensión entre transportistas, repartidores y las autoridades de tránsito.
Durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la mandataria fue enfática en su mensaje hacia quienes dependen de estos vehículos para trabajar. “Quiero darle tranquilidad a las personas que tienen una bicimoto, yo no voy a perseguir a esas personas”, afirmó.
Laura Fernández promete no perseguir a usuarios de bicimotos, pero el reglamento sigue en veremos
La funcionaria añadió que no tiene intención de afectar económicamente a los sectores más vulnerables que utilizan este medio de transporte. “No me interesa jamás lesionar ni establecer inscripciones rigurosas o costosas para las personas más humildes”, sostuvo ante los periodistas presentes.
El tema surge luego de que, en junio pasado, la Policía de Tránsito realizara operativos y decomisara varias bicimotos por incumplimientos en inscripción, placas, marchamo, revisión técnica, licencia o casco. La medida generó fuerte rechazo entre trabajadores independientes.
El MOPT niega una “cacería de brujas” contra los conductores
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraín Zeledón, acompañó a la presidenta y negó que exista una ofensiva institucional contra estos vehículos. “De ninguna manera en el MOPT estamos en una cacería de brujas ni mucho menos”, declaró el jerarca.
Según explicó, la cartera trabaja actualmente en dos frentes paralelos. El primero busca apoyar a quienes ya compraron una motocicleta pero no han logrado inscribirla por distintas trabas administrativas o desconocimiento del proceso.
El segundo frente involucra al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), con el objetivo de elaborar un manual que oriente a los comercios sobre los trámites de Declaración Única Aduanera, pago de impuestos y otros requisitos. “Estamos buscando cómo ordenar esta situación y garantizarle a todos los costarricenses que se dedican a esto, que puedan tener su trabajo”, indicó Zeledón.
Un punto que quedó claro durante la conferencia es que, por ahora, no existe ninguna acción administrativa en marcha contra los propietarios de bicimotos. El ministro explicó que esto se debe a una medida cautelar vigente, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que ordenó suspender decomisos, inmovilizaciones y sanciones contra estos vehículos.
La discusión sobre cómo regular las bicimotos no es nueva. El Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) trabaja desde 2023 en una propuesta para diferenciar legalmente estos vehículos de las bicicletas eléctricas asistidas, que mantienen pedales funcionales y tracción humana.
De acuerdo con el criterio jurídico manejado por el Cosevi, una bicimoto se clasifica como una motocicleta de bajo cilindraje —menor a 50 cc o 5 kW en el caso de modelos eléctricos—. Bajo esa categoría, debería cumplir con licencia A1, matrícula, marchamo e inspección técnica vehicular, algo que hasta ahora ha sido motivo de disputa.
En junio, la viceministra de Transportes, Sofía Fallas, había señalado que la propuesta de reglamento se encontraba en fase de ajustes internos, previo a someterse a consulta pública. “Esperamos pronto definir los pasos necesarios para sacar el reglamento”, expresó entonces la funcionaria.
Los conductores de bicimotos, muchos de ellos repartidores y trabajadores independientes, habían manifestado temor a perder su fuente de ingresos ante la posibilidad de decomisos. Varios de ellos relataron a medios locales que dejaron de circular por miedo a sanciones mientras se definía el panorama legal.
