Laura Fernández y Yara Jimenez llegan a la Corte a presentar querella contra 4 magistrados de la Sala IV prevaricato
La querella contra magistrados de la Sala Constitucional fue presentada este lunes por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y la fracción legislativa de Pueblo Soberano, con el acompañamiento de la presidenta de la República, Laura Fernández. La acción judicial, por el presunto delito de prevaricato, se dirige contra cuatro magistrados que integraron la mayoría en una reciente resolución sobre el nombramiento de magistrados suplentes.
Querella contra magistrados surge tras fallo de la Sala Constitucional
La presentación de la querella ocurrió tres días después de que la Sala Constitucional ordenara prorrogar el nombramiento de los magistrados suplentes hasta que la Asamblea Legislativa designe a sus sustitutos. La comitiva llegó a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, donde también se congregó un grupo de manifestantes afines al oficialismo para expresar su respaldo a la iniciativa.
La acción penal fue anunciada desde el pasado viernes por Yara Jiménez, quien cuestionó la resolución del Tribunal Constitucional y sostuvo que la decisión representa una actuación contraria al principio de separación de poderes. «Presentaremos una querella por prevaricato contra cuatro magistrados del Poder Judicial», manifestó la jerarca legislativa al confirmar la gestión.
La querella se dirige contra los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García, quienes votaron a favor de mantener en funciones a los magistrados suplentes mientras el Congreso completa el proceso de nombramiento. El presunto delito de prevaricato está contemplado en el artículo 357 del Código Penal y sanciona a funcionarios que dicten resoluciones contrarias a la ley o sustentadas en hechos falsos.
Debate jurídico por el alcance del fallo
La decisión de presentar la querella ha generado distintas posiciones entre especialistas en derecho constitucional. Algunos juristas consultados por medios nacionales han señalado que, en principio, la resolución de la Sala Constitucional no encajaría en la figura penal de prevaricato, al considerar que el Tribunal actuó dentro de las facultades que le otorga la Constitución para resolver una situación excepcional.
El fallo cuestionado surgió tras la admisión de un recurso de amparo relacionado con la falta de nombramiento de magistrados suplentes. En su resolución, la Sala Constitucional ordenó mantener a los suplentes en funciones hasta que la Asamblea Legislativa realice las nuevas designaciones y dispuso que la nómina de candidatos sea conocida por el Plenario Legislativo en la próxima oportunidad posible.
Luego de conocerse esa resolución, la presidenta Laura Fernández criticó públicamente la decisión del alto tribunal y aseguró que la Sala Constitucional asumió competencias que, a su juicio, corresponden exclusivamente al Poder Legislativo. La mandataria calificó el fallo como un «golpe de Estado» contra la Asamblea Legislativa y defendió la presentación de la querella como un mecanismo para determinar eventuales responsabilidades.
La sentencia fue aprobada por mayoría de cuatro votos contra tres. Mientras Fernando Cruz, Paul Rueda, Jorge Araya e Ingrid Hess respaldaron la resolución, los magistrados Luis Fernando Salazar, Fernando Castillo y Anamari Garro salvaron el voto.
El proceso se desarrolla en un contexto en el que la Asamblea Legislativa ha realizado 11 votaciones sin alcanzar los 38 votos necesarios para nombrar a los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Durante ese período, la bancada oficialista no ha respaldado las propuestas sometidas a consideración del Plenario y, además, el Congreso devolvió en dos ocasiones la nómina remitida por la Corte Suprema de Justicia para reiniciar el procedimiento.
