¿Su dinero en riesgo? Nueva ley castigará estafas así

El vacío legal que permitía el despojo de su dinero en Costa Rica está a punto de cerrarse. Durante años, miles de familias costarricenses han visto cómo sus sueños de estabilidad financiera se esfumaban tras participar en esquemas de inversión que prometían rendimientos irreales. Sin embargo, lo más alarmante no era solo la pérdida del capital, sino la recurrente impunidad que rodeaba estos casos debido a la falta de definiciones claras en nuestra legislación actual.

El panorama está por cambiar radicalmente. Un movimiento legislativo reciente ha puesto en jaque a quienes lideran estas estructuras, introduciendo sanciones que prometen transformar la manera en que se persigue el fraude financiero en el país. El avance de esta normativa marca un hito en la protección del ahorro público y la dignidad de los ciudadanos.

¿Su dinero en riesgo? Nueva ley castigará estafas así

Avance en la Comisión de Asuntos Jurídicos La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó de forma afirmativa y unánime el proyecto de ley impulsado por la diputada Paulina Ramírez del Partido Liberación Nacional. Esta iniciativa busca castigar las estafas piramidales con penas que podrían alcanzar hasta los 13 años de prisión.

Según explicó la legisladora Ramírez, esta propuesta “va a significar un avance en la penalización eficiente de este tipo de fraudes que son cada vez más utilizados y que han puesto en riesgo la estabilidad financiera de miles de familias costarricenses”. La congresista fue enfática al señalar que la normativa actual permitía que muchas causas fueran desestimadas por interpretaciones subjetivas de los funcionarios judiciales.

Claridad en el Código Penal El proyecto viene a llenar vacíos críticos, permitiendo la aplicación directa del artículo 216 del Código Penal. Actualmente, las sanciones varían según el monto defraudado, pero la reforma otorga facultades claras a los jueces:

• 10 meses a 10 años de cárcel si la defraudación excede los diez salarios base.

• Aumento de un tercio de la pena (llegando a 13 años) si el fraude es realizado por apoderados de empresas que capten recursos del ahorro del público.

“No podemos permitir que esto siga sucediendo… Estamos hablando de la estabilidad y dignidad de costarricenses, no es cosa menor”, manifestó Ramírez. Con este dictamen, el proyecto pasa a una etapa crucial en el Plenario, donde se espera que el respaldo unánime de la comisión se traduzca en una ley que finalmente blinde el bolsillo de los habitantes de Costa Rica frente a los esquemas de captación ilegal de dinero.