Laura Fernández cuestiona abogado de alias “Diablo” pide revisar posibles conflictos de interés
La presidente Laura Fernández cuestionó públicamente la trayectoria del abogado defensor de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, luego de que trascendiera que fue funcionario del Poder Judicial durante 23 años. La mandataria también ordenó reforzar las medidas de seguridad en el centro penitenciario La Reforma para evitar cualquier riesgo de fuga o de comunicación ilícita del imputado.
Durante una actividad oficial, Fernández instruyó al ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, a mantener un operativo permanente de vigilancia sobre Arias Monge, considerado por las autoridades como uno de los principales objetivos del combate al crimen organizado. Además, solicitó informes semanales sobre el cumplimiento de las medidas adoptadas en el centro penitenciario.
Laura Fernández cuestiona abogado de alias “Diablo” y pide revisar posibles conflictos de interés
La presidenta insistió en que la prioridad del sistema penitenciario debe ser impedir cualquier incidente relacionado con el privado de libertad. En ese sentido, ordenó reforzar los protocolos de seguridad y eliminar posibles factores de riesgo dentro del módulo de máxima seguridad.
“El ‘Diablo’ no se puede escapar de La Reforma, no se puede escapar, no se puede matar y no lo pueden matar. Su prioridad número uno tiene que ser resguardar a ese delincuente”, manifestó Fernández al dirigirse al ministro Aguilar.
Poder Judicial y defensa legal quedan bajo el foco
Durante la misma intervención, el ministro de Justicia informó que el Tribunal Penal de Pococí resolvió dejar sin efecto algunas restricciones previamente impuestas a alias “Diablo” y a otro imputado conocido como alias “Tan”, restituyendo permisos para llamadas telefónicas, visitas y salidas al patio.
Tras conocer esa resolución, la presidenta cuestionó el perfil profesional del abogado defensor de Arias Monge. Recordó que el jurista trabajó durante más de dos décadas en el Poder Judicial, de las cuales alrededor de 18 años se desempeñó como fiscal antes de renunciar en 2020 para ejercer de manera privada.
Fernández también hizo referencia a que la esposa del abogado ocupa actualmente el cargo de jueza penal. A partir de ese dato, expresó que existen interrogantes que, a su criterio, deben ser aclaradas por las autoridades competentes.
“Hay más preguntas que respuestas y a mí me deja perpleja que un funcionario del Poder Judicial de carrera, de 23 años, renuncie y ahora aparezca como el abogado defensor del criminal más buscado por Costa Rica”, afirmó.
Las declaraciones de la mandataria también incluyeron un llamado para que el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa analicen la situación y, de considerarlo necesario, revisen los procedimientos institucionales relacionados con eventuales conflictos de interés.
Refuerzan medidas de seguridad en La Reforma
Como parte de las acciones ordenadas por el Ejecutivo, la presidenta solicitó prohibir el uso de teléfonos celulares a los oficiales penitenciarios que laboran en los sectores de máxima seguridad. Según indicó, la medida pretende reducir cualquier posibilidad de filtración de información o coordinación de actividades ilícitas desde el centro penal.
“Cualquier policía que esté destacado en máxima seguridad no debe tener teléfono celular. Hay que mitigar cualquier riesgo”, señaló.
Fernández también pidió avanzar con la eliminación de infraestructura eléctrica considerada innecesaria dentro de las celdas. Entre las instrucciones giradas figura el retiro de los tomacorrientes para disminuir posibilidades de manipulación o almacenamiento de objetos prohibidos.
El ministro Gabriel Aguilar confirmó que previamente fueron retirados cientos de electrodomésticos, entre ellos microondas y pantallas, y anunció que trasladará de inmediato las nuevas órdenes a la Dirección General de Adaptación Social y a la Policía Penitenciaria para continuar con las modificaciones solicitadas por la Presidencia.
