Laura Fernández prepara nuevo paquete con cambios penales que endurecen penas y extradición
El la presidente de la República Laura Fernández anunció que antes de finalizar julio presentará ante la Asamblea Legislativa un segundo paquete de proyectos de ley enfocados en fortalecer la seguridad ciudadana. Entre las iniciativas que se preparan figuran el endurecimiento de penas para determinados delitos, la ampliación de los casos en que procedería la extradición y modificaciones al cumplimiento de condenas para personas consideradas de alta peligrosidad.
La presidenta Laura Fernández confirmó que el Ejecutivo continúa elaborando las propuestas y aseguró que la estrategia en materia de seguridad no se limitará a un solo grupo de iniciativas. Según indicó, el objetivo es mantener una agenda legislativa constante para responder al incremento de la criminalidad y reforzar el marco jurídico del país.
Laura Fernández prepara nuevo paquete con cambios penales: que endurecen penas y extradición
Durante la conferencia posterior al Consejo de Gobierno, la mandataria reiteró que el Ejecutivo continuará impulsando todas las reformas que considere necesarias. «Entregamos un primer paquete de proyectos a la Asamblea, viene el segundo ¿Cuántos paquetes de proyectos se van a presentar? Los que sean necesarios. Así que vamos a continuar trabajando», manifestó.
Aunque el Gobierno aún no ha divulgado el contenido completo de las iniciativas, sí adelantó algunos de los principales cambios que integrarán este segundo paquete legislativo. Uno de ellos contempla aumentar las penas de prisión para quienes participen en actividades de minería ilegal, una práctica que ha generado preocupación por su impacto ambiental y por la presencia de grupos organizados vinculados a esta actividad.
Otra de las propuestas busca ampliar el catálogo de delitos que permitan la extradición de personas requeridas por otros países. Actualmente, la legislación costarricense contempla esta figura únicamente para casos relacionados con narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. La nueva iniciativa pretende incorporar otros delitos penales, aunque el Ejecutivo no detalló cuáles serían incluidos.
El segundo paquete también plantea eliminar beneficios penitenciarios para personas consideradas reos peligrosos, con el propósito de que cumplan la totalidad de la condena impuesta por los tribunales. De concretarse la reforma, se modificarían las condiciones bajo las cuales ciertos privados de libertad pueden acceder a reducciones de pena o beneficios durante su permanencia en prisión.
Estas iniciativas se suman al primer paquete de proyectos de seguridad presentado por el Gobierno a mediados de junio. En esa ocasión, el Ejecutivo propuso incrementar las penas para quienes agredan a oficiales de policía, establecer sanciones más severas para propietarios de pistas clandestinas utilizadas por organizaciones criminales y promover una política de «cero ocio» dentro del sistema penitenciario.
Con esta nueva etapa de propuestas, el Ejecutivo busca mantener activa la discusión legislativa sobre seguridad pública. La administración sostiene que las reformas legales constituyen una herramienta para fortalecer la labor de los cuerpos policiales y enfrentar con mayor rigor distintas manifestaciones del crimen.
La presidenta también dirigió un mensaje a los diputados para acelerar la discusión de los proyectos ya presentados y de los que ingresarán en las próximas semanas. «Mi Gobierno está haciendo todo lo que a nosotros nos toca. Ahora les toca a ustedes, diputados y diputadas, tomar las decisiones que nuestros cuerpos policiales y que las familias de las víctimas están esperando. Llegó el momento, señores diputados, de acelerar la tramitación de estos seis proyectos de ley. (…) Les hago un llamado patriótico a responderle al pueblo de Costa Rica con lo que están esperando de parte de nosotros, que son resultados, acciones concretas», expresó Fernández.
Las nuevas iniciativas serán remitidas a la Asamblea Legislativa antes de concluir julio, donde deberán iniciar el proceso ordinario de discusión, análisis en comisión y eventual votación por parte de los diputados.
