Archivan denuncia contra expresidenta en medio de cuestionamientos por caso de Alcalde de San José
El Concejo Municipal de San José rechazó imponer una sanción contra la expresidenta municipal Mariana Zúñiga Pérez, luego de una votación dividida que concluyó con seis votos en contra y cinco a favor de aplicar una medida disciplinaria recomendada por un órgano investigador.
La denuncia estaba relacionada con el presunto ocultamiento de un expediente remitido por la Procuraduría de la Ética Pública (PEP), vinculado con una investigación en curso contra el alcalde de San José, Diego Miranda. El caso había sido objeto de análisis tras una advertencia planteada por la Auditoría Interna de la Municipalidad de San José.
Archivan denuncia contra expresidenta en medio de cuestionamientos por caso de Alcalde de San José
Según los antecedentes del expediente, en diciembre de 2024 la Procuraduría de la Ética Pública notificó a la entonces presidenta del Concejo Municipal sobre un proceso relacionado con el jerarca josefino. Posteriormente, el documento no fue tramitado de forma inmediata y el alcalde tuvo conocimiento del caso varios meses después.
Durante la investigación administrativa, Mariana Zúñiga sostuvo que el expediente se habría “traspapelado”, situación que impidió que la documentación fuera atendida oportunamente. El órgano investigador determinó que existían elementos para atribuir responsabilidad a la regidora y recomendó una suspensión de 15 días naturales sin goce de dieta.
El informe también señaló posibles incumplimientos relacionados con deberes funcionales, probidad y legalidad. Sin embargo, la recomendación no prosperó debido a la decisión adoptada por la mayoría del Concejo Municipal.
Entre quienes votaron en contra de la sanción figuraron los regidores Alex Cano y Katia Solano, del Partido Liberación Nacional; Andrea Rudín y Bernardita Fallas, de Juntos San José; además de los independientes Luis Murillo y Rafael González. A favor de la sanción votaron Greivin Chávez, Yorleny Córdoba, José Manuel Jiménez, Álvaro Salas y Brandon Guadamuz.
Durante la discusión del expediente, el regidor del Frente Amplio, Brandon Guadamuz, defendió la recomendación del órgano investigador y expuso detalles sobre el intercambio de correos electrónicos relacionados con la denuncia de la Procuraduría.
Guadamuz indicó que el 11 de diciembre de 2024 la Procuraduría comunicó a la presidencia del Concejo Municipal que existía una denuncia en curso y solicitó una dirección electrónica para remitir la documentación correspondiente. Según explicó, la respuesta fue enviada por la secretaria de la presidencia siguiendo instrucciones de Mariana Zúñiga.
“Le estaban diciendo: ‘Señora presidenta, le tenemos una denuncia, necesitamos enviársela, ¿dónde se la podemos enviar?’. La secretaria de la señora regidora Mariana Zúñiga en ese momento responde que, con instrucciones de su jefatura Mariana Zúñiga, le envía cuál es el correo donde puede recibirlo”, manifestó Guadamuz durante la sesión.
El regidor agregó que la existencia de una comunicación previa generaba una expectativa razonable sobre la llegada del expediente. “Había una advertencia previa. Si a mí me llegara un correo de la Procuraduría de la Ética Pública informándome sobre el envío de una denuncia y solicitando una dirección electrónica, revisaría mi correo y me mantendría atento. Se trata de un asunto importante. Por eso, considero que ella sí estaba advertida”, afirmó.
Por su parte, el presidente del Concejo Municipal, Rafael González Ovares, cuestionó aspectos procesales del caso y argumentó que existían posibles vicios en el trámite de un recurso presentado por la regidora investigada.
“¿Cuál es el caso concreto que se está señalando aquí? Se está señalando que el hacer o dejar de hacer puso en riesgo, lesionó o impidió que se realizara una investigación en contra del alcalde. La pregunta es: ¿esa investigación se abrió? ¿Sí o no? Se abrió. Entonces, ¿dónde está la lesión al interés público?”, expresó González durante el debate.
El presidente del Concejo también sostuvo que la sanción recomendada resultaba excesiva en comparación con antecedentes de otros procesos disciplinarios conocidos por la corporación municipal, criterio que fue compartido por la mayoría de los regidores que finalmente votaron por archivar la denuncia contra la expresidenta municipal.
