Laura Fernández calificó de «muy productiva» reunión con los tres poderes de la República
Laura Fernández, la Asamblea Legislativa y Poder Judicial consolidaron un espacio de diálogo interinstitucional para evaluar el impacto de la delincuencia organizada. En la sesión se analizaron mapas de calor provinciales y estadísticas delictivas actuales.
La presidenta de la República, Laura Fernández, calificó el encuentro de alto nivel como “productiva”, destacando la asistencia de cincuenta legisladores del Congreso. La cita buscó identificar los principales obstáculos que debilitan la aplicación de la justicia penal.
Laura Fernández calificó de «muy productiva» reunión con los tres poderes de la República
Durante las exposiciones de seguridad, las autoridades gubernamentales detallaron las dinámicas operativas de las bandas criminales en el territorio costarricense. Los informes técnicos evidenciaron las zonas de mayor vulnerabilidad y los vacíos procedenciales vigentes.
La mandataria Fernández explicó que la sesión permitió exponer de forma directa “dónde están los nudos” y las “pegas” que impiden una justicia efectiva. El diagnóstico técnico generó un debate sobre la efectividad de las capturas delictivas.
“Pudimos ver de boca de los funcionarios de alto rango del Ministerio de Seguridad Pública y de Justicia y Paz, por qué si la policía ha detenido hasta 388 veces a una persona, esa persona sigue suelta”, señaló la mandataria.
El análisis de la reincidencia criminal se convirtió en el eje central de las deliberaciones entre los jerarcas. La presidencia enfatizó la necesidad de revisar los criterios técnicos que rigen la ejecución de las penas privativas de libertad.
Fernández denunció la existencia de un “círculo vicioso” donde los cuerpos policiales realizan detenciones, pero el Poder Judicial libera a los sospechosos de delitos de alto impacto. La postura oficial cuestiona la flexibilización de las medidas cautelares.
La discusión técnica profundizó en las discrepancias de criterios existentes entre los órganos de administración penitenciaria y la judicatura nacional. El Ejecutivo solicitó mayor rigurosidad en el análisis de perfiles de alta peligrosidad.
“Repasamos casos que nos deben de llenar de vergüenza, donde el Instituto de Criminología Nacional dice: no liberen a esa persona, no la suelten, es peligrosa; y los jueces de ejecución de la pena la liberan, haciendo caso omiso por completo a las recomendaciones técnicas”, añadió.
El foro contó con la participación de la magistrada vicepresidenta de la Corte, Damaris Vargas, el fiscal general, Carlo Díaz, y el director general del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto. Los jerarcas judiciales tomaron nota de las reformas propuestas.
La coordinación intersectorial pretende viabilizar una agenda legislativa prioritaria orientada a contener los índices de criminalidad organizada. El Gobierno Central anunció la pronta presentación de nuevos proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana.
Fernández hizo un llamado urgente a la unidad nacional para enfrentar esta problemática: “Pedí apoyo a todos los diputados, independientemente de las banderas políticas que puedan representar; este es momento de representar únicamente a la bandera de Costa Rica”.
El debate también abordó la aparente pérdida de control en la gestión penitenciaria, lo que facilitaría la continuidad de actividades delictivas desde las prisiones. La vulnerabilidad de los oficiales de policía en las calles fue un punto álgido.
“No se vale que le exijamos a los policías entregar hasta su vida al servicio de nuestra patria si los criminales no están recibiendo condenas al nivel que lo merecen”, enfatizó la jerarca de Gobierno.
La sesión concluyó con el compromiso de mantener canales de comunicación abiertos entre los tres Supremos Poderes de la República. La resolución de la crisis criminal se fijó como la máxima prioridad de la agenda pública costarricense.
