Recope revela el oscuro negocio que ya le cuesta más de USD 27 millones al país
El robo de combustible continúa representando uno de los principales desafíos para la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope). Datos de la institución revelan que, desde 2018, la sustracción ilegal de hidrocarburos ha provocado pérdidas superiores a los USD 27,1 millones, mientras las perforaciones clandestinas en el poliducto mantienen en alerta a las autoridades por los riesgos que implican para la seguridad, el ambiente y la infraestructura energética del país.
Las cifras divulgadas por Recope muestran que entre 2018 y el 20 de julio de 2026 fueron sustraídos aproximadamente 35,2 millones de litros de combustibles mediante conexiones ilegales al poliducto nacional. Durante ese mismo periodo, la empresa contabilizó 1.380 perforaciones clandestinas, situación que incrementa la posibilidad de incendios, explosiones y derrames en diferentes comunidades.
Recope revela el oscuro negocio que ya le cuesta más de USD 27 millones al país
El impacto económico acumulado supera los ¢14.413 millones, equivalentes a más de USD 27,1 millones. Según la información oficial, el volumen de combustible robado permitiría abastecer con un tanque promedio de 50 litros a más de 703.000 vehículos, una cantidad que refleja la magnitud del problema para la empresa estatal y el sistema nacional de combustibles.
Los registros indican que el diésel concentra poco más de la mitad del combustible sustraído durante los últimos ocho años. En segundo lugar aparece el Jet A-1, utilizado principalmente en la aviación. Ambos hidrocarburos representan cerca del 83% del total robado, debido a su alta demanda tanto en actividades productivas como en operaciones ilegales.
Las autoridades han identificado que parte del combustible robado termina abasteciendo actividades vinculadas con el crimen organizado. Entre los casos investigados destaca una organización desarticulada en Orotina durante 2025, donde los sospechosos perforaban el poliducto para extraer diésel, almacenarlo y posteriormente comercializarlo de forma ilegal.
Otro de los expedientes que permanece bajo investigación es el denominado caso Petrococa, en el que figura un empresario limonense señalado por las autoridades como presunto líder de una estructura dedicada al robo de combustibles. Asimismo, las investigaciones apuntan a que parte del Jet A-1 sustraído habría sido utilizado para abastecer aeronaves empleadas en actividades relacionadas con el narcotráfico.
Desde la entrada en vigencia de la Ley N.º 9852, en junio de 2020, Recope ha presentado 950 denuncias por este tipo de delitos. De acuerdo con la institución, 673 expedientes permanecen activos y 86 personas ya han recibido condenas. La legislación vigente contempla penas de entre cinco y quince años de prisión para quienes participen en estas actividades ilícitas.
La presidenta ejecutiva de Recope, Karla Montero, reiteró que las consecuencias del delito trascienden el impacto económico. «Cuando una organización criminal perfora el poliducto no solo roba combustible. También pone en riesgo vidas humanas, genera daños ambientales y amenaza una infraestructura esencial para el desarrollo del país», manifestó tras una reciente intervención policial.
Como parte de las estrategias para enfrentar el problema, la refinadora ha fortalecido los sistemas tecnológicos de monitoreo, la coordinación con cuerpos policiales y las campañas de denuncia ciudadana. En marzo de este año, una alerta permitió detectar movimientos sospechosos en una bodega de El Coyol de Alajuela, donde posteriormente fueron decomisados cerca de 7.000 litros de diésel y detenidas tres personas.
Montero destacó además el papel de la ciudadanía en estos operativos. «Este caso demuestra que la tecnología y la denuncia confidencial son herramientas clave para detectar a tiempo movimientos irregulares y coordinar acciones con las autoridades. Proteger a la ciudadanía en una zona tan transitada y a la vez resguardar el Sistema Nacional de Combustibles es una prioridad«, señaló la jerarca.
Durante los últimos años, las denuncias recibidas mediante la línea confidencial habilitada por Recope han mostrado un crecimiento sostenido. Recope informó que los reportes pasaron de 148 en 2023 a 191 en 2025 y que únicamente durante julio de este año se registraron 13 avisos relacionados con presunto robo, almacenamiento, transporte o comercialización ilegal de combustibles, permitiendo la intervención de varios puntos de extracción clandestina.
