Megaoperativo en la frontera norte: cae red que movía millones
Un operativo que arrancó a la 1:00 a.m. en Frontera Norte con 51 allanamientos simultáneos y cerca de 60 sospechosos en la mira. ¿Cómo logró una presunta organización criminal expandirse en la frontera norte sin levantar mayores alertas? La madrugada de este martes, la respuesta comenzó a revelarse en una acción coordinada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), a través de su Oficina Regional de Los Chiles.
La operación, desarrollada en conjunto con investigadores de distintas sedes del país, busca desarticular un grupo que, según la investigación, estaría vinculado con delitos de alto impacto: tráfico de personas, robo agravado, infracción a la ley de psicotrópicos y homicidio. El despliegue se concentró en Los Chiles, Aguas Zarcas y Santa Rosa de Pocosol, en una de las acciones policiales más amplias ejecutadas en la zona en los últimos años.
Frontera norte: Lo que dejó megaoperativo en Los Chiles
De acuerdo con las autoridades judiciales, las pesquisas comenzaron en 2024, cuando distintas diligencias permitieron perfilar la estructura y el modo de operar del grupo. La investigación reveló una organización aparentemente jerarquizada, con roles específicos y una logística definida para cada actividad ilícita.
Esto lo que dijo Michael Soto, Director a.i. del Organismo de Investigación Judicial:
Según el informe preliminar, los sospechosos presuntamente captaban personas de nacionalidad nicaragüense en San Carlos de Nicaragua, a quienes introducían de manera irregular al país. Una vez en territorio nacional, las mantenían ocultas en diferentes viviendas y, en algunos casos, las habrían asaltado y despojado de sus pertenencias y dinero en efectivo.
Este patrón no solo evidencia un posible esquema de tráfico ilícito de migrantes, sino también una dinámica de revictimización. Las autoridades detallaron que la organización utilizaba casas de seguridad y contaba con personas encargadas de la captación, transporte, vigilancia y ocultamiento.
Vinculación con homicidio y narcomenudeo
El grupo también figura como sospechoso en el homicidio de un hombre de apellido Duarte, de 30 años y nacionalidad nicaragüense, ocurrido el 14 de junio de 2025 en el centro de Los Chiles de Alajuela. Este crimen habría sido uno de los puntos de quiebre que aceleró las diligencias judiciales.
Además, mediante distintos seguimientos, intervenciones telefónicas y labores de campo, se determinó que la organización presuntamente incursionaba en la venta y distribución de droga en la zona. La diversificación de delitos, según fuentes judiciales, es una característica recurrente en estructuras criminales que buscan maximizar ganancias y controlar territorios estratégicos.
Las estimaciones preliminares apuntan a que el grupo generaría ingresos mensuales que oscilan entre los 36 y 67 millones de colones, una cifra que refleja la magnitud del negocio ilícito que, presuntamente, operaba en la región fronteriza.
Las autoridades estiman que la estructura criminal estaría conformada por alrededor de 60 personas. Cada integrante desempeñaría funciones específicas: vigilantes, transportistas, coordinadores, encargados de captación y responsables de ocultamiento. Incluso, se investiga la posible participación de funcionarios que, en apariencia, facilitaban información sensible.
Como parte del operativo, se pretende la detención de aproximadamente 60 personas. Entre los sospechosos figuran cuatro funcionarios de la Fuerza Pública y uno de la Policía Profesional de Migración, lo que añade un componente especialmente delicado al caso.
La eventual participación de funcionarios públicos refuerza la hipótesis de que la organización habría contado con apoyo interno para evadir controles y anticipar movimientos policiales. Este elemento podría agravar la situación jurídica de los implicados.
Despliegue táctico y apoyo interinstitucional
El operativo cuenta con el respaldo de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, así como del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), la Unidad Canina y la Unidad de Vigilancia y Seguimiento (UVISE). También participan diversos cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública, en una coordinación que busca asegurar la recolección de evidencia y minimizar riesgos.
Durante los allanamientos, los agentes pretenden ubicar y decomisar pruebas clave para el avance de la causa, entre ellas documentación, dispositivos electrónicos, dinero en efectivo y posibles sustancias ilícitas.
Los detenidos serán remitidos con un informe al Ministerio Público, entidad que determinará su situación jurídica en las próximas horas. En esta etapa, el proceso entra en una fase decisiva, donde se definirán medidas cautelares y eventuales acusaciones formales.
El caso vuelve a colocar a la frontera norte en el centro del debate sobre seguridad, migración y crimen organizado. La combinación de tráfico de personas, narcotráfico y violencia letal evidencia la complejidad del fenómeno y la necesidad de respuestas integrales.
Mientras avanzan las audiencias y se conocen más detalles, queda una pregunta en el aire: ¿cuánto tiempo operó realmente esta red antes de ser detectada por las autoridades? La investigación apenas entra en una nueva fase, y sus alcances podrían extenderse más allá de lo que hoy se conoce públicamente.
