SITRAJUD formaliza demanda penal por peculado e instigación al presidente Chaves
El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (SITRAJUD), representado por Sonia Sandí, presentó una denuncia penal formal contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles. La acción legal señala presuntos delitos de instigación pública, peculado y abuso de autoridad.
La denuncia surge tras las recientes declaraciones del mandatario en sus habituales conferencias de prensa de los miércoles. Según el sindicato, Chaves habría utilizado estos espacios para emitir descalificativos directos hacia el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.
SITRAJUD formaliza demanda penal por peculado e instigación al presidente Chaves
Sonia Sandí, vocera de la agrupación, sostiene que el mandatario utiliza una plataforma financiada con fondos públicos para atacar la independencia de poderes. Para el sindicato, estas acciones constituyen una amenaza directa contra el orden constitucional de la República.
«Utiliza la conferencia de prensa para tratar al presidente de la Corte Suprema de Justicia de bruto o de criminal», afirmó Sandí durante la presentación. La dirigente enfatizó que estas manifestaciones son sumamente graves para el sistema democrático costarricense.
El enfoque de la denuncia también se centra en el uso de recursos estatales para fines que el sindicato considera ajenos a la gestión pública. Se argumenta que el espacio de los miércoles se ha transformado en una tribuna de ofensas.
«Consideramos que son manifestaciones sumamente graves que atentan contra el orden constitucional, que es una instigación pública, que es un abuso de autoridad», explicó la representante legal de SITRAJUD ante los medios de comunicación.
Además de la instigación, el sindicato acusa al mandatario de peculado y uso indebido de fondos públicos. El argumento reside en que el tiempo y la infraestructura estatal se emplean para «causar intimidación» en miembros de otros poderes.
La querella subraya que los improperios dirigidos hacia don Orlando Aguirre pretenden poner a la ciudadanía en contra del Poder Judicial. Para SITRAJUD, esto representa un irrespeto que busca socavar la integridad de los magistrados y jueces.
«Utiliza fondos y recursos públicos para atentar contra el orden constitucional de Costa Rica, para atentar contra la división de poderes», detalla el documento presentado formalmente ante el Ministerio Público esta semana.
Esta nueva acción judicial se suma al historial de Sandí, quien ha participado en denuncias previas vinculadas a figuras políticas de oposición. Su reaparición en la escena judicial ocurre en un momento de alta tensión entre el Ejecutivo y el Judicial.
Expertos legales consideran que la Fiscalía deberá determinar ahora si los insultos emitidos en un contexto político alcanzan la categoría de delitos penales. El proceso inicia una etapa de análisis de pruebas y testimonios técnicos.
El sindicato insiste en que el presidente instiga a la población a caer en el irrespeto hacia las instituciones fundamentales. Alegan que no se trata solo de libertad de expresión, sino de un presunto incumplimiento de deberes.
«No hace la amenaza directa contra don Orlando al llamarlo criminal, al llamarlo bruto… Lo que pretende es causar una intimidación», reitera la denuncia sobre el efecto psicológico y político de los discursos presidenciales.
Hasta el momento, Casa Presidencial no ha emitido una respuesta oficial detallada sobre los puntos específicos de esta demanda penal. Se espera que la representación legal del mandatario sea notificada en las próximas horas.
La opinión pública se mantiene dividida entre quienes ven en esto una defensa de la institucionalidad y quienes lo perciben como una estrategia política. La Fiscalía General tendrá la última palabra sobre el curso de la investigación.
