Exasesor legislativo de Leslie Bojorges desaparece tras recibir millones por error
Asamblea Legislativa notificó oficialmente mediante el diario oficial La Gaceta al exasesor de apellidos Carvajal Marín. La administración busca que el excolaborador del despacho del diputado Leslye Bojorges explique el destino de los recursos depositados erróneamente durante el año 2024.
El conflicto surge tras detectar que el exfuncionario ocupó una plaza técnica que exigía grado académico de licenciatura. Carvajal Marín no cumplía con dicho requisito profesional, pero recibió durante diez meses un salario mensual aproximado al 1.200.000 mil colones.
La Dirección Administrativa del Congreso catalogó el incidente bajo la figura técnica de un “error involuntario”. Esta clasificación busca deslindar responsabilidades dolosas inmediatas, mientras se prioriza la recuperación total de los ¢5,700.000.00 que pertenecen al erario nacional.
Detalles del proceso administrativo
El exasesor mantuvo comunicación inicial con las autoridades legislativas una vez detectada la anomalía en sus depósitos mensuales. Durante ese periodo, el involucrado presentó una propuesta formal para reintegrar el dinero mediante un sistema de cuotas mensuales.
No obstante, la administración del Congreso rechazó tajantemente la oferta de pago fraccionado presentada por el exasesor. La decisión se basó en la necesidad de resarcir el patrimonio público de manera inmediata ante la magnitud del error.
Tras el rechazo de la propuesta, la comunicación entre el exfuncionario y la institución se interrumpió de forma definitiva. Este silencio administrativo obligó a las autoridades a elevar el caso a instancias de notificación pública y legal.
“Desde entonces no se volvió a recibir una nueva oferta de pago, por lo que se inició un proceso administrativo”, cita el reporte oficial sobre la situación del exasesor, quien ahora deberá comparecer ante una audiencia especial.
Acciones legales y comparecencia
La notificación publicada en La Gaceta tiene como objetivo asegurar que el implicado tenga conocimiento del proceso en su contra. La cita legal está programada para el próximo 22 de abril, donde se definirán las responsabilidades finales.
El diputado Leslye Bojorges, en cuyo despacho laboraba Carvajal Marín, se mantiene al margen del proceso de cobro administrativo. La gestión ahora recae exclusivamente en los departamentos de Recursos Humanos y Asesoría Legal de la institución.
Este caso pone bajo la lupa los filtros de contratación dentro del primer poder de la República. La falta de verificación de atestados académicos permitió que se ejecutaran pagos superiores a los correspondientes por casi un año completo.
Expertos en administración pública señalan que este tipo de yerros deben ser corregidos mediante procesos de cobro judicial si no hay acuerdo. El Estado costarricense cuenta con mecanismos estrictos para garantizar que cada colón pagado esté debidamente justificado.
Impacto en la gestión de recursos
La recuperación de estos ¢5,700.000 es vital para la transparencia institucional que demanda la ciudadanía actualmente. La opinión pública sigue de cerca cómo se resolverá este vacío financiero provocado por fallos en los sistemas internos.
El proceso administrativo busca no solo el reintegro, sino también establecer si hubo negligencia en la cadena de mandos. De confirmarse el error humano, podrían existir sanciones para quienes autorizaron los pagos sin revisar los requisitos de ley.
Por ahora, la Asamblea Legislativa espera que la publicación legal surta efecto y el exasesor se presente voluntariamente. El cumplimiento de la cita del 22 de abril será determinante para evitar que el caso pase a la vía penal.
Costa Rica mantiene estándares rigurosos de control fiscal, y situaciones como esta ponen a prueba la eficiencia del sistema. La resolución de este conflicto administrativo sentará un precedente sobre la responsabilidad de los funcionarios en el manejo de fondos.
