«En una alianza se recibe y se da». Laura Fernández respalda pacto con EE.UU. para recibir migrantes
El tema de Migración es el eje central del Memorando de Entendimiento que la Presidenta electa Laura Fernández dio a conocer que permitirá el traslado de hasta 25 personas por semana desde territorio estadounidense, un movimiento estratégico que oculta detalles sobre su ejecución logística.
La presidenta electa, Laura Fernández, respaldó con firmeza el convenio firmado inicialmente bajo la gestión de Rodrigo Chaves y la enviada especial Kristi Noem, subrayando la importancia de mantener una relación sólida con el aliado del norte.
«En una alianza se recibe y se da». Laura Fernández respalda pacto con EE.UU. para recibir migrantes
“Nosotros tenemos una alianza. Somos socios de manera voluntaria con el gobierno de Estados Unidos. Cuando usted tiene una alianza, en esa alianza se persiguen objetivos comunes”, afirmó la mandataria electa tras las críticas recibidas.
Fernández enfatizó que esta cooperación es vital para garantizar la paz en el hemisferio y combatir frontalmente al crimen organizado, integrando estas acciones en una hoja de ruta que trasciende el tema puramente migratorio.
“Cuando se está en una alianza, uno recibe y también da apoyo a su aliado”, explicó Fernández, justificando la reciprocidad del acuerdo que posiciona a Costa Rica como un actor clave en la gestión de flujos regionales.
El acuerdo establece que el país podrá recibir personas extranjeras no estadounidenses, quienes contarán con una condición legal temporal mientras se define su situación migratoria definitiva bajo las leyes costarricenses, según detalla el documento oficial.
La jerarca destacó que el trabajo conjunto con agencias como la DEA y el FBI, mediante patrullajes marítimos, ya está rindiendo frutos en la reducción del tráfico de drogas que intenta ingresar a las costas nacionales.
“Los operativos conjuntos con la DEA y el FBI, un patrullaje marítimo nos está permitiendo reducir la droga que llega al país, cooperación para capacitar a nuestros policías”, detalló Fernández sobre los beneficios paralelos del pacto.
Un punto crucial de la defensa gubernamental es que los deportados seleccionados para este programa no poseen antecedentes penales, lo que busca mitigar los temores de la ciudadanía respecto al impacto en la seguridad pública local.
No obstante, la diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional, ha alzado la voz contra lo que considera un riesgo para la dignidad humana y la soberanía del país en materia de atención de refugiados.
“Costa Rica no puede convertirse en un depósito de seres humanos. Aquí no se trata de números ni de flujos: se trata de personas, de dignidad y de derechos”, sentenció Ruiz en un fuerte cuestionamiento legislativo.
El Gobierno aclara que el mecanismo no genera obligaciones legales vinculantes, pues el país mantiene la potestad soberana de aceptar o rechazar cada caso de manera independiente, evaluando los perfiles antes de su llegada al territorio.
La asistencia financiera y logística para el alojamiento y alimentación de estas personas será gestionada por Estados Unidos y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), evitando así un gasto directo para el erario público costarricense.
Fernández insiste en que la relación se basa en una lógica de corresponsabilidad, donde ambas naciones aportan recursos para enfrentar desafíos transnacionales que ningún país podría resolver de forma aislada en la actualidad política actual.
Este convenio se enmarca en la política de «Escudo de las Américas», buscando estabilizar el hemisferio mediante una gestión controlada de la movilidad humana, aunque el debate sobre sus implicaciones a largo plazo apenas comienza.
