Abogado Gerardo Huertas a Laura Fernández: «Recuerde las clases de cívica»

El abogado Gerardo Huertas cuestionó que se esperara la presencia de magistrados y del fiscal general, Carlo Díaz, en la inauguración del CACCO, el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada. A su juicio, esa asistencia podía comprometer la separación de poderes y la imparcialidad que deben resguardar en el ejercicio de sus funciones.

Gerardo Huertas cuestiona la presencia de jueces en el CACCO

Huertas recordó que los magistrados son jueces y no políticos. Explicó que la Sala Tercera conoce recursos de casación y toma decisiones relacionadas con la situación penitenciaria de las personas procesadas, razón por la cual consideró que su participación en un acto político de inauguración de una cárcel podría resultar impropia.

El señalamiento del jurista apunta a la imagen de independencia del Poder Judicial. Desde su perspectiva, quienes deben resolver asuntos vinculados con la privación de libertad no deberían aparecer en actividades oficiales de carácter político ligadas a ese mismo ámbito, con el fin de evitar dudas sobre su criterio al momento de resolver.

En el caso de Carlo Díaz, Huertas alegó que algunas personas vinculadas al partido Pueblo Soberano tienen causas penales y que otras estarían bajo investigación del Ministerio Público. Por ello, sostuvo que una fotografía o una aparición pública del fiscal general junto a figuras políticas podría generar cuestionamientos sobre su independencia.

Choque con la presidenta Laura Fernández

El abogado también respondió a la presidenta Laura Fernández, quien interpretó las ausencias como una posible señal de temor al CACCO o a la lucha contra la corrupción. Huertas calificó esa interpretación de curiosa y le dijo a la mandataria que debía recordar las clases de cívica.

Según explicó, la separación de poderes es un principio básico del sistema democrático costarricense. Bajo esa lógica, la decisión de magistrados y del fiscal general de mantenerse al margen de un acto encabezado por el Poder Ejecutivo no debería interpretarse como una postura frente a la seguridad ni frente al combate de la corrupción.

Las críticas alcanzaron además al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, cuya preparación académica y práctica fue cuestionada por Huertas. El abogado fue más allá y calificó la inauguración del nuevo centro penitenciario como una “estrategia de propaganda populista”, una de las frases más duras de su intervención.

En cuanto a la efectividad del modelo, Huertas sostuvo que el centro “no va a ser solución de nada” si no se atienden las causas de la delincuencia fuera de las cárceles. Con ello, planteó que la respuesta al crimen organizado no puede limitarse a endurecer las condiciones de reclusión de quienes ya están en prisión.

El jurista advirtió también sobre el riesgo de violaciones sistemáticas de derechos humanos en este tipo de centros. Según indicó, ese escenario podría derivar en eventuales condenas contra Costa Rica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tribunal regional cuya jurisdicción ha sido reconocida por el país.

Huertas insistió en la importancia de la prevención como eje de la política de seguridad. En su criterio, el abordaje del fenómeno delictivo debe considerar los factores sociales que alimentan la criminalidad antes de que las personas lleguen a ingresar al sistema penitenciario.

Las declaraciones del abogado se suman a la discusión pública sobre el modelo de alta contención impulsado por el Gobierno de Laura Fernández y el Ministerio de Justicia, así como sobre el papel que deben cumplir las autoridades judiciales en actividades oficiales del Poder Ejecutivo.