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5 diputados investigados: Tribunal ético sacude al PUSC por salvar a Rodrigo Chaves

El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) enfrenta hoy una encrucijada histórica que podría redefinir su papel como fuerza de oposición tras investigar a 5 diputados que ponen el panorama político costarricense en la balanza. La cúpula partidaria ha decidido tomar medidas drásticas que han tomado por sorpresa a gran parte de su base electoral.

Investigación administrativa es la palabra que resuena con fuerza en los pasillos de Cuesta de Moras, mientras el país observa con atención el desenlace. El destino de cinco figuras legislativas pende de un hilo tras una decisión que desafió la línea partidaria tradicional.

5 diputados investigados: Tribunal ético sacude al PUSC por salvar a Rodrigo Chaves

Foto cortesía /Cortesía

El Tribunal de Ética de la agrupación rojiazul ha formalizado la apertura de un proceso disciplinario para analizar las actuaciones de sus representantes. Esta medida surge tras la polémica votación que impidió el levantamiento de la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

La cúpula busca determinar si el apoyo brindado al Ejecutivo contraviene los estatutos y la ética de una formación que arrastra derrotas electorales. La investigación arranca casi dos meses después de que el partido firmara su sexta derrota presidencial consecutiva en los comicios nacionales.

“Horacio Alvarado, Carlos Andrés Robles, María Marta Carballo y Melina Ajoy son investigados por este tema a lo interno del partido”, detalla el informe. A este grupo se suma la revisión de las actuaciones de Leslye Bojorges, quien recientemente se declaró independiente. Bojorges anunció su respaldo al oficialismo y a la exministra y Presidente electa Laura Fernández, lo que ha sido interpretado como el punto de ruptura final.

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El órgano ético evaluará si estas acciones constituyen una falta gravísima que amerite la expulsión definitiva de los legisladores.

El origen del conflicto se remonta a la votación legislativa de diciembre pasado, un momento crítico para la estabilidad del actual gobierno. En esa sesión, el Congreso no logró reunir los votos necesarios para permitir que el mandatario enfrentara procesos judiciales específicos. Para retirar la inmunidad presidencial se requieren 38 votos, pero la moción solo obtuvo 35, dejando el proceso en un limbo legal. “La decisión de estos diputados del PUSC fue determinante en los dos intentos fallidos contra el mandatario”, señala el análisis técnico.

La inmunidad es una herramienta constitucional diseñada para que los miembros de los Supremos Poderes ejerzan sus funciones sin presiones externas. Sin embargo, el uso de esta protección para frenar investigaciones judiciales ha generado un intenso debate sobre la transparencia pública.

“La votación no solo frenó las investigaciones, sino que dejó en evidencia una profunda fractura dentro del socialcristianismo”, explican fuentes cercanas al tribunal. Mientras una parte de la fracción apoyó el levantamiento del fuero, otro bloque se alineó con el Ejecutivo.

Esta división interna refleja el debilitamiento de una bancada que pasó de tener nueve representantes a una presencia mínima tras los comicios. La pérdida de hegemonía ha forzado al partido a buscar una purga interna para intentar recuperar su identidad ideológica perdida.

El diputado Horacio Alvarado confirmó haber recibido la notificación del proceso de manera informal durante la jornada del pasado lunes en la Asamblea. Curiosamente, el aviso llegó tras sostener un encuentro con Laura Fernández, figura central del movimiento oficialista actual.

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El desenlace de este proceso disciplinario marcará un precedente sobre la disciplina de voto y la lealtad partidaria en Costa Rica. Si el Tribunal de Ética decide proceder con la expulsión, el PUSC quedaría prácticamente desarticulado en el actual periodo legislativo.

La opinión pública permanece atenta a si prevalecerá el pragmatismo político o la rigurosidad de los estatutos internos del histórico partido. Por ahora, el bloque investigado mantiene su postura, defendiendo la legalidad de su voto en favor de la estabilidad presidencial.

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