Randall Zúñiga pone de testigos a Carlo Díaz y Álvaro Sánchez en su defensa judicial
El exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, enfrentará una semana determinante al reactivarse dos procesos disciplinarios en su contra ante la Inspección Judicial del Poder Judicial.
La defensa técnica del exjerarca, liderada por el abogado Carlos Salas, confirmó la incorporación de testigos de alto perfil institucional para comparecer en las audiencias programadas para los próximos días.
Randall Zúñiga pone de testigos a Carlo Díaz y Álvaro Sánchez en su defensa judicial
Entre las figuras citadas formalmente en la estrategia legal destacan el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, y el periodista profesional de televisión, Álvaro Sánchez Córdoba.
Estas causas administrativas indagan la presunta filtración de datos sensibles vinculados a cuatro mujeres catalogadas como víctimas, además de una supuesta falta a los deberes éticos de la función judicial.
Los hechos bajo investigación técnica se remontan a reportajes difundidos en octubre de 2025, donde trascendieron públicamente fotografías, audios, ubicaciones de allanamientos y otros elementos de carácter confidencial.
Las cuatro denunciantes directas también comparecerán ante el órgano disciplinario, con el objetivo de aportar elementos probatorios sobre cómo se divulgaron los datos de las carpetas de investigación.
Fuentes judiciales indican que la participación del fiscal general y del comunicador buscará esclarecer el origen, la cadena de custodia y la posterior circulación de la información que motivó el caso.
La Inspección Judicial mantiene la competencia sobre estos expedientes específicos, orientados a determinar responsabilidades administrativas concretas en el manejo de insumos de uso estrictamente oficial.
Es imperante señalar que estas audiencias se ejecutan de manera independiente a las resoluciones previas dictadas por las máximas autoridades del aparato de justicia de la República de Costa Rica.
Previamente, la Corte Plena determinó de forma unánime la destitución formal de Zúñiga de su cargo de director, fundamentada estrictamente en un informe técnico elaborado por el magistrado Jorge Olazo.
Aquel fallo significó la desvinculación formal del exjerarca de la planilla institucional del Poder Judicial, cerrando un ciclo administrativo regular en la jefatura del principal brazo de investigación del país.
Pese a que la destitución ya es una sanción ejecutada, la legislación costarricense estipula que los procesos disciplinarios en curso deben concluir su trámite ordinario para sentar precedentes legales claros.
La comparecencia de las partes y los testigos enlistados marcará una nueva etapa jurídica que definirá el alcance final de las responsabilidades administrativas del exfuncionario en el ejercicio del cargo.
El caso mantiene la atención de los analistas jurídicos debido a la investidura de los testigos convocados, lo cual subraya la complejidad institucional que rodea la resolución de estas causas pendientes.
Los magistrados de la República y el personal de la Inspección Judicial supervisarán la legalidad del contradictorio, garantizando el debido proceso a todas las partes involucradas en el litigio.
