Pilar Cisneros frena mentiras del Frente Amplio por Proyecto de Armonización Eléctrica
El Frente Amplio mantiene una postura de fuerte oposición frente al proyecto de ley 23.414, conocido como la Ley de Armonización del Mercado Eléctrico Nacional, un tema que enciende el debate en la Asamblea Legislativa. El texto busca modificar de manera estructural el modelo energético que ha regido al país durante las últimas décadas.
La Fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) rechazó las afirmaciones de la bancada del Frente Amplio, argumentando que se basan en desinformación. Según el bloque oficialista, los señalamientos de la oposición carecen de sustento técnico y buscan infundir temores infundados.
Pilar Cisneros frena mentiras del Frente Amplio por Proyecto de Armonización Eléctrica
La diputada Pilar Cisneros publicó un mensaje de aclaración en el que desmintió de forma rotunda las aseveraciones emitidas por una exdiputada sobre la propuesta. Cisneros aseguró detalladamente que la iniciativa no pretende privatizar el sistema eléctrico nacional ni afectar la estabilidad del Instituto Costarricense de Electricidad.
Por su parte, el comunicado oficial de la bancada legislativa respalda esta posición de manera directa y tajante. «Es falso que el proyecto 23.414 busque privatizar el sistema eléctrico nacional» , dicta textualmente el documento emitido por la fracción.
El oficialismo insiste en que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mantendrá un rol central dentro del nuevo ecosistema. De esta manera, el texto de la propuesta legal garantiza que la institución pública continuará siendo clave para asegurar la electricidad nacional.
Los defensores del proyecto sostienen que la apertura busca incentivar una mayor producción y atraer capitales frescos. «La iniciativa busca producir más electricidad, atraer inversión y generar competencia para bajar las tarifas eléctricas» , señala de forma explícita el texto.
El panorama económico global exige que el país incremente su matriz de generación eléctrica para sostener el desarrollo actual. La propuesta asume que, sin este marco legal, el país perdería competitividad frente a mercados de la región centroamericana.
Los diputados del Partido Pueblo Soberano alertan que la inacción legislativa podría derivar en consecuencias graves para la empleabilidad. Si el país no aumenta su capacidad eléctrica, muchas inversiones podrían trasladarse, reduciendo las oportunidades de trabajo.
Ante las versiones de la oposición sobre posibles fallas en el suministro, el comunicado oficial ofrece una perspectiva contraria. «Es falso que el proyecto vaya a provocar apagones» , detalla el documento, afirmando que el plan busca prevenir crisis.
La regulación estatal de los precios finales de la energía continuará bajo la estricta tutela del ente técnico correspondiente. Se confirma que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) seguirá fijando las tarifas para la protección de los usuarios.
Las jefaturas de la bancada instan a deponer los sesgos de carácter ideológico para avanzar con la agenda económica. Los legisladores argumentan que el desarrollo nacional no puede postergarse por discursos que infunden miedo en la población.
El jefe de fracción, Nogui Acosta, señaló que «Costa Rica no puede seguir atrasando decisiones importantes por discursos ideológicos y campañas de miedo». Acosta enfatizó la necesidad de garantizar energía suficiente manteniendo al ICE como un actor fundamental del sistema.
La visión de la fracción se enfoca en obtener resultados tangibles a corto plazo para mitigar los costos comerciales. La reforma plantea un cambio de paradigma normativo enfocado en la diversificación y la eficiencia de los operadores públicos y privados.
El subjefe de fracción, Juan Manuel Quesada, indicó que «los costarricenses quieren electricidad más barata, más empleo y un país que avance». Quesada añadió de forma contundente que no permitirán que el chantaje ideológico frene el desarrollo de Costa Rica.
El expediente legislativo continuará su trámite parlamentario en las comisiones dictaminadoras de la Asamblea Legislativa, donde se recibirán más audiencias. Los sectores empresariales y sociales siguen de cerca la evolución de esta reforma clave para la competitividad costarricense.
