Nogui Acosta: “No estamos juzgando a don Fabricio Alvarado, estamos definiendo la legalidad»
Nogui Acosta afirmó contundentemente: “No estamos juzgando a don Fabricio Alvarado, estamos definiendo la legalidad”, en momentos donde la Asamblea Legislativa de Costa Rica se convirtió en el escenario de un profundo e intenso debate constitucional y administrativo tras el archivo definitivo del polémico expediente número 25.400.
Esta decisión de carácter estrictamente técnico-jurídico, vinculada directamente a las denuncias por presunto hostigamiento sexual contra el exlegislador Fabricio Alvarado, encendió de forma inmediata las alertas de control político en el Congreso de la República.
Nogui Acosta: “No estamos juzgando a don Fabricio Alvarado, estamos definiendo la legalidad»
El jefe de la bancada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, asumió con determinación la defensa pública de la legalidad institucional del acto administrativo cuestionado. El legislador del bloque oficialista respaldó de forma vehemente la resolución dictada por la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, argumentando bajo un estricto criterio de competencias de derecho parlamentario.
Durante su intervención formal en el plenario ordinario, el diputado Acosta rechazó enérgicamente los señalamientos de los sectores de la oposición que vincularon este respaldo con supuestas componendas de conveniencia política. El influyente congresista afirmó con contundencia técnica: “No estamos juzgando a don Fabricio Alvarado, estamos definiendo la legalidad de seguir con el procedimiento o no”, delimitando la discusión.
La sólida argumentación legal de Acosta se basó de manera prioritaria en el principio de legalidad administrativa que rige de forma rigurosa todos los procesos sancionatorios dentro del Congreso. Según expuso detalladamente el jefe de fracción, el vigente Reglamento contra el Hostigamiento Sexual de la Asamblea Legislativa limita estrictamente su aplicación punitiva a personas activas.
Debido a que el ciudadano denunciado dejó de ejercer formalmente su curul legislativa desde el pasado 30 de abril, el Congreso costarricense perdió de forma automática la potestad sancionatoria. Bajo este complejo escenario jurídico, la administración del Parlamento carece por completo de facultades reales para imponer una sanción de carácter ético y público a un exmiembro del plenario.
Acosta defendió con absoluta firmeza que la máxima jerarca de la Asamblea, Yara Jiménez, resolvió este polémico caso administrativo y ético de forma totalmente “apegada a derecho”. El representante oficialista insistió en que extender el procedimiento interno ordinario más allá del mandato constitucional del investigado constituiría una flagrante y grave violación al principio del debido proceso.
Por su parte, las diversas bancadas de la oposición legislativa reaccionaron con severas críticas políticas ante la postura unificada de la fracción de gobierno en torno al archivo del expediente. El legislador de la fracción del partido Frente Amplio, José María Villalta, cuestionó abiertamente el enérgico respaldo del oficialismo a la resolución emitida de forma unilateral por la presidencia.
De igual forma, la legisladora Claudia Dobles, en representación oficial de la bancada de la Coalición Agenda Ciudadana, afirmó de manera categórica que la polémica decisión administrativa terminaba protegiendo de facto al exlegislador denunciado. Estas fuertes posturas encontradas generaron un ambiente de alta tensión política y de confrontación de tesis jurídicas dentro del Congreso.
A pesar de las constantes objeciones y del encendido debate ético parlamentario, la Presidencia ratificó que el archivo del expediente obedece de forma exclusiva a la pérdida de competencia institucional. Tras dejar su cargo oficial en la Asamblea Legislativa, Alvarado perdió de manera definitiva e inmediata la inmunidad parlamentaria que constitucionalmente lo protegía de los tribunales comunes.
Esto significa que todos los procesos legales presentados formalmente en su contra por el presunto acoso continuarán su curso correspondiente de manera independiente en la vía judicial ordinaria nacional. La resolución firmada originalmente por la presidenta Jiménez fue apelada sin ningún éxito por las fracciones políticas de Liberación Nacional, Frente Amplio, PUSC y Coalición Agenda Ciudadana.
Finalmente, este complejo debate parlamentario evidencia las profundas discrepancies interpretativas sobre el alcance punitivo de los reglamentos internos de la Asamblea Legislativa frente a los exfuncionarios estatales. El desenlace técnico de este caso traslada ahora todo el peso de la justicia hacia los tribunales de la República, dejando el debate ético en el centro de la atención nacional.
