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«No es un privilegio»: Patricia Vargas defiende la independencia judicial y envía mensaje sobre presiones externas

La presidenta de la Corte sostiene que los fallos deben basarse solo en la Constitución y las leyes, sin influencias ajenas.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas, defendió la independencia judicial como una garantía para la ciudadanía y no como un beneficio para quienes integran el Poder Judicial, en una declaración sobre el papel de la institución en la democracia costarricense.

Según la jerarca, la independencia judicial es un elemento fundamental para proteger el sistema democrático del país. A su juicio, los tribunales deben resolver sin presiones externas para que cualquier persona pueda defender sus derechos en igualdad de condiciones ante la ley.

«No es un privilegio»: Patricia Vargas defiende la independencia judicial y envía mensaje sobre presiones externas

Vargas planteó que la democracia no se limita a las elecciones ni al acto de votar cada cuatro años. Para la presidenta de la Corte, este sistema también se ejerce en la vida diaria, mediante el respeto a los derechos fundamentales y el acceso efectivo a la justicia.

“Cuando hablamos de democracia, pensamos en las elecciones y en el derecho de elegir a nuestros gobernantes. Sin embargo, la democracia parte de nuestra vida cotidiana. También es el derecho a expresar nuestras ideas y el derecho de ir a los tribunales en defensa de nuestros derechos fundamentales”, expresó.

Resoluciones apegadas a la Constitución y la ley

La magistrada explicó que la independencia implica que las resoluciones judiciales deben fundamentarse exclusivamente en la Constitución Política y en las leyes vigentes. De esta forma, señaló, las decisiones de los jueces quedan libres de influencias ajenas al ordenamiento jurídico.

En esa línea, Vargas describió al Poder Judicial como una fortaleza de la democracia, debido a su responsabilidad de proteger los derechos de las personas. También destacó su función de garantizar que la legislación se aplique por igual a todos los habitantes del país, sin distinciones.

La presidenta de la Corte fue enfática al aclarar a quién beneficia, desde su perspectiva, la autonomía de los tribunales. Su mensaje apuntó a desmontar la idea de que esta garantía funciona como una protección para los funcionarios judiciales.

“Aquí hay que recordar que la independencia judicial no es un privilegio de quienes trabajamos en esa institución, es una garantía para usted y para todas las personas”, manifestó Vargas.

El marco constitucional del Poder Judicial

La Constitución Política de Costa Rica establece en su artículo 9 la división de poderes, conformada por el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales actúan de forma independiente entre sí. Este principio es la base del equilibrio institucional del Estado costarricense.

Además, el artículo 154 de la Carta Magna dispone que el Poder Judicial solo está sometido a la Constitución y a la ley. Esta norma respalda el planteamiento de Vargas sobre la necesidad de que los fallos se sustenten únicamente en el ordenamiento jurídico vigente.

En la práctica, el acceso a los tribunales al que se refirió la jerarca incluye mecanismos como los recursos de amparo y de hábeas corpus. Ambos se presentan ante la Sala Constitucional y permiten a cualquier persona reclamar la protección de sus derechos fundamentales.

La Corte Suprema de Justicia es el órgano superior del Poder Judicial y está integrada por magistrados distribuidos en cuatro salas: Primera, Segunda, Tercera y Constitucional. Su presidencia representa a la institución y dirige el funcionamiento administrativo del sistema de justicia del país.

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