Mario Zamora confirmó: 340 bandas narco «tienen su campito asegurado» en el CACO
La inseguridad en Costa Rica podría encontrar un punto de inflexión con la identificación de 340 bandas criminales. Estas estructuras, que operan en todo el territorio nacional, ya tienen un destino trazado por el Ejecutivo.
El Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACO) es la pieza clave en este ajedrez político. La obra, ubicada en San Rafael de Alajuela, busca solventar el déficit crítico de espacios carcelarios actuales.
Gobierno alista 4.500 celdas para bandas narco en el CACO
Mario Zamora confirmó que la inteligencia estatal tiene registrados a 4.500 individuos vinculados directamente a la violencia. Esta cifra coincide casi matemáticamente con la capacidad total que ofrecerá la nueva mega cárcel nacional.
«Ya esos 4.500 que nos están viendo tienen su campito asegurado», sentenció el jerarca de Seguridad Pública. Sus palabras resuenan en un contexto de alta tensión por el aumento sostenido de los homicidios.
El proyecto CACO cuenta con una inversión que asciende a los 35 millones de dólares. Su diseño no es casual, pues se inspira en modelos de contención severa aplicados en otros países.
La primera piedra del recinto fue colocada en enero de 2026, con la presencia del mandatario salvadoreño. Esto subraya la línea de mano dura que la administración Chaves pretende dejar como legado.
Más allá de la infraestructura, el debate se traslada ahora hacia la efectividad del sistema judicial. Zamora sostiene que el aumento de policías no es la solución definitiva si las leyes fallan.
«Ceteris paribus, si todo permaneciera constante, le digo que miles de policías», reconoció el ministro ante la consulta. No obstante, enfatizó que el problema real es la «puerta giratoria» de los tribunales.
Para el Gobierno, el eje del conflicto radica en la liberación recurrente de personas detenidas múltiples veces. Esto ha generado un roce constante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
El jerarca propone una reforma penal que deje de perseguir con la misma severidad el delito menor. Su visión apuesta por concentrar todos los recursos del Estado en el sicariato y el narco.
«No ganamos nada metiendo 20 años a la cárcel a alguien que robó una gallina», explicó de forma contundente. Para Zamora, ese tipo de enfoques distrae a las autoridades de los verdaderos generadores de caos.
La propuesta ministerial sugiere que los delitos económicos se resuelvan mediante la restitución patrimonial obligatoria. Esto permitiría liberar espacio en las cárceles comunes para los criminales de alta peligrosidad social.
Sin embargo, el ministro fue implacable al referirse a quienes operan dentro de las redes del tráfico de drogas. Considera que estos actores están contaminando de forma irreversible el tejido de la sociedad costarricense.
«El que se dedica al narcotráfico no solamente se está haciendo rico, sino que está contaminando a la sociedad», afirmó. Esta postura refuerza la necesidad de penas máximas para los delitos de sangre.
El panorama se vuelve más complejo con la propuesta de un estado de excepción en zonas críticas. Esta idea, impulsada por figuras como Laura Fernández, busca dotar de agilidad a los operativos.
La medida permitiría intervenir rápidamente sobre objetivos ya identificados por la inteligencia de la Fuerza Pública. No obstante, la propuesta requiere un amplio consenso legislativo de al menos 38 votos a favor.
Partidos como el PLN y el Frente Amplio han mostrado sus reservas ante posibles abusos. El equilibrio entre la seguridad nacional y los derechos fundamentales sigue siendo el epicentro de la controversia.
Costa Rica enfrenta una de sus etapas más violentas, con más de 3.000 asesinatos registrados desde el año 2022. La presión ciudadana por soluciones tangibles aumenta a medida que se acercan los procesos electorales.
El éxito del CACO y la reforma penal selectiva definirán la efectividad de la gestión de Zamora. Por ahora, el mensaje es claro: el Estado sabe quiénes son y dónde piensan encerrarlos.
