Ley por ofensas al honor en redes sociales: Proyecto levanta alarma
La discusión sobre las ofensas al honor en redes sociales vuelve al centro del debate político y jurídico en Costa Rica. Un nuevo proyecto de ley busca reformar el Código Penal para enfrentar las acusaciones, insultos y difamaciones que circulan en plataformas digitales, un fenómeno que ha crecido con fuerza en los últimos años.
La iniciativa, enfocada en regular las ofensas al honor en redes sociales, pretende actualizar una legislación que data de hace más de cinco décadas. Aunque sus promotores sostienen que es una herramienta para proteger la reputación de las personas frente a ataques masivos en internet, también abre interrogantes sobre cómo se aplicará y qué impacto podría tener en la libertad de expresión.
Ley por ofensas al honor en redes sociales: Proyecto levanta alarma
El diputado Gilberto Campos Cruz, jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), presentó el proyecto denominado “Ley para garantizar la responsabilidad de las manifestaciones emitidas por redes sociales”, cuyo objetivo es modernizar el Código Penal costarricense frente a los desafíos del mundo digital.
Según el comunicado oficial, la propuesta plantea crear la figura de “ofensas al honor agravadas”, un nuevo tipo penal que se aplicaría cuando las expresiones difamatorias se difundan en redes sociales, medios de comunicación masiva o plataformas digitales con gran alcance.
La iniciativa también contempla que estos casos puedan tramitarse bajo un modelo de delito de acción pública a instancia privada, es decir, que el proceso penal se activaría a partir de la denuncia de la persona afectada.
Además, el proyecto propone introducir el procedimiento de jactancia, una figura jurídica que permitiría enfrentar acusaciones difundidas públicamente cuando alguien afirma haber cometido un delito o señala a otra persona sin respaldo judicial.
El legislador explicó que el proyecto surge a partir de una realidad evidente: el marco legal actual fue creado en un contexto completamente distinto al actual ecosistema digital.
“El Código Penal vigente fue aprobado en 1970, en una época en la que no existían redes sociales, plataformas digitales ni los actuales mecanismos de difusión masiva de contenidos”, señala el comunicado.
En ese sentido, Campos considera que la legislación penal fue diseñada para una dinámica comunicativa muy distinta a la actual, donde la velocidad de propagación de información en internet puede amplificar acusaciones y ataques personales en cuestión de minutos.
El documento también advierte que el entorno digital contemporáneo se caracteriza por ser vertiginoso y, en muchas ocasiones, violento, lo que facilita la difusión rápida de contenidos difamatorios o injuriosos que pueden afectar seriamente la reputación de las personas.
En la práctica, esto significa que una publicación viral, un video o un comentario replicado miles de veces podría convertirse en un elemento determinante dentro de un proceso judicial si se considera que constituye una ofensa al honor agravada.
Campos destacó que uno de los puntos centrales del proyecto es precisamente reconocer el impacto que pueden tener las plataformas digitales cuando se utilizan para difundir acusaciones sin pruebas.
Según el legislador, el objetivo no es restringir el debate público ni limitar la libertad de expresión, sino establecer herramientas legales que permitan responsabilizar a quienes utilicen las redes sociales para difamar o atacar la reputación de otros de forma masiva.
El planteamiento abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la regulación del discurso digital en Costa Rica, especialmente en momentos en que redes sociales como Facebook, X, Instagram o TikTok se han convertido en espacios clave para el debate político y social.
Sin embargo, expertos han señalado que cualquier reforma legal en esta materia deberá equilibrar cuidadosamente dos principios fundamentales: la protección del honor y la garantía del derecho a la libre expresión.
En los próximos meses, el proyecto deberá iniciar su proceso de discusión en la Asamblea Legislativa, donde podría enfrentar análisis técnicos, consultas jurídicas y eventuales modificaciones.
Mientras tanto, la propuesta ya genera conversación en distintos sectores del país, desde juristas hasta usuarios de redes sociales, que siguen de cerca un tema que podría redefinir la forma en que se abordan las ofensas al honor en redes sociales dentro del sistema penal costarricense.
