Iztaru Alfaro arrete contra el oficialismo: “Hoy le fallaron a las mujeres”
La diputada Iztarú Alfaro se colocó en el centro del debate de control político tras la decisión del Directorio de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de ordenar el archivo definitivo de los expedientes que recomendaban sanciones por presunto acoso sexual en contra del exdiputado Fabricio Alvarado.
La resolución, fundamentada en criterios y tecnicismos de carácter procedimental por la Presidencia legislativa, ha provocado una profunda polarización en la corriente parlamentaria actual.
Iztaru Alfaro arrete contra el oficialismo: “Hoy le fallaron a las mujeres”
La diputada y subjefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Iztarú Alfaro, lideró las críticas institucionales contra esta medida administrativa aprobada en el Congreso de la República. Alfaro cuestionó severamente que las agrupaciones oficialistas respaldaran una decisión basada estrictamente en la interpretación formal del reglamento interno de la institución legislativa.
El archivo de los informes emitidos por la Comisión Especial imposibilitó que el Plenario realizara un análisis y posterior votación sobre las sanciones recomendadas en las denuncias contra el exlegislador. La controversia jurídica e institucional radica en la divergencia de criterios sobre la viabilidad procedimental para conocer un caso penal o administrativo de un funcionario saliente.
Durante su intervención en la sesión extraordinaria, la legisladora liberacionista manifestó su preocupación por el mensaje enviado a la ciudadanía mediante estos procedimientos internos. “¿Qué le estamos diciendo a la víctima de acoso? ¿Qué su caso es un tema menor?, ¿Qué no importa porque se esconden en tecnicismos?”, cuestionó Alfaro formalmente.
El bloque oficialista y las autoridades del Directorio han sostenido que las resoluciones se apegan de forma estricta a la legalidad vigente, argumentando la caducidad y la falta de competencia del órgano parlamentario actual sobre figuras que ya no ostentan un cargo de elección popular. No obstante, Alfaro refutó esta tesis jurídica ante el Plenario.
“Pero también hay tecnicismos que señalan que sí podíamos ver hoy este tema”, argumentó la subjefa de fracción de la bancada del PLN, insistiendo en que existían vías interpretativas válidas para someter el dictamen de la comisión investigadora a la discusión de los 57 diputados que integran el Congreso de la República.
La congresista por la provincia de San José contextualizó la problemática del acoso y la violencia de género como un fenómeno estructural recurrente en la sociedad civil del país. De acuerdo con datos institucionales expuestos en el debate, la problemática social genera actualmente un promedio de 140 solicitudes diarias de medidas de protección urgentes.
Alfaro advirtió que las decisiones tomadas bajo criterios exclusivamente formales en las altas esferas políticas pueden repercutir directamente en los entornos educativos nacionales. Según la legisladora, la falta de precedentes sancionatorios claros en el primer poder de la República desincentiva la denuncia de conductas inapropiadas en escuelas y colegios.
“¿Qué le decimos a las niñas que son acosadas en escuelas y colegios? Que no se puede hacer nada, porque aquí la Asamblea no hizo nada, y eso es fallarle a las mujeres del país”, sentenció de forma categórica la legisladora de la provincia de San José ante la prensa nacional.
Diversos analistas y sectores sociales han manifestado que la decisión del Directorio reabre el debate técnico sobre las lagunas legales del reglamento interno de la Asamblea. La falta de mecanismos unificados para sancionar conductas éticas y disciplinarias de exfuncionarios públicos continúa generando divisiones conceptuales complejas entre las distintas fracciones legislativas actuales.
El oficialismo mantiene la posición de que actuar al margen del debido proceso o violentar los plazos reglamentarios establecidos acarrearía nulidades jurídicas y eventuales demandas contra el Estado costarricense. Para los defensores de la medida, el archivo no representa impunidad, sino el cumplimiento irrestricto de las normas y competencias administrativas correspondientes.
La diputada Alfaro, por su parte, concluyó que la interpretación normativa debe priorizar la protección de los derechos fundamentales y la transparencia ante la opinión pública. La discusión parlamentaria permanece abierta en las comisiones que evalúan posibles reformas al régimen disciplinario de los legisladores y exlegisladores de la nación.
