Hacienda afloja y transfiere los ¢3.053 millones que pretendía retener al Poder Judicial
El Ministerio de Hacienda finalmente transfirió al Poder Judicial ¢3.053 millones que habían sido retenidos del presupuesto institucional de 2026, en una decisión que puso fin a una disputa presupuestaria que había generado preocupación en la Corte Plena por sus posibles efectos en la administración de justicia y la lucha contra el crimen organizado.
La transferencia fue comunicada mediante dos oficios enviados por Hacienda al Poder Judicial, fechados el 6 y el 11 de agosto. Los documentos identificados como MH-DGPN-UAPP-OF-0012-2026 y MH-DGPN-DG-OF-0331-2026 informaron oficialmente sobre el traslado de los recursos.
Hacienda afloja y transfiere los ¢3.053 millones que pretendía retener al Poder Judicial
El dinero corresponde a partidas que ya estaban contempladas dentro del presupuesto aprobado para el ejercicio económico 2026. Según explicó el Poder Judicial, no se trata de fondos adicionales ni de una ampliación presupuestaria, sino de recursos que habían sido retenidos previamente.
La controversia comenzó después de que el Ministerio de Hacienda comunicara la retención de los ¢3.053 millones como parte de las medidas adoptadas frente a la situación fiscal del país. La decisión fue conocida por la Corte Plena durante una sesión celebrada el 20 de julio.
En ese momento, los magistrados manifestaron preocupación por el posible impacto que la medida tendría sobre el funcionamiento de la institución. Particularmente, señalaron riesgos para la prestación del servicio de justicia y las acciones dirigidas contra el crimen organizado.
Corte Plena había recurrido contra la retención
Ante la decisión presupuestaria, la Corte Plena autorizó a la Presidencia del Poder Judicial para impulsar las acciones legales correspondientes. El objetivo era cuestionar la retención y buscar mecanismos para garantizar la disponibilidad de los recursos ya incorporados al presupuesto institucional.
El 28 de julio, la Presidencia presentó un recurso de revocatoria, nulidad concomitante y solicitud de medida cautelar ante la Dirección General de Presupuesto Nacional y la Tesorería Nacional.
La gestión se produjo en medio de un escenario de contención del gasto público y de medidas relacionadas con las finanzas estatales. La discusión también coincidió con una decisión previa de la propia Corte Plena de aportar recursos al esfuerzo fiscal.
El 27 de junio, el Poder Judicial había acordado ceder ¢13.220 millones como contribución al esfuerzo fiscal del país. Sin embargo, la institución aclaró que esa suma y los ¢3.053 millones transferidos por Hacienda corresponden a decisiones presupuestarias diferentes.
Por ello, el Poder Judicial insistió en que la transferencia anunciada por Hacienda no representa una nueva asignación de fondos. Los recursos ya estaban aprobados, incorporados y comprometidos para atender obligaciones correspondientes al ejercicio económico 2026.
La diferencia entre ambos montos resulta relevante dentro de la discusión presupuestaria. Mientras los ¢13.220 millones corresponden a recursos que la Corte Plena acordó ceder como parte del esfuerzo fiscal, los ¢3.053 millones fueron inicialmente retenidos y posteriormente transferidos nuevamente a la institución.
Hacienda devuelve ¢3.053 millones al Poder Judicial
El Poder Judicial había advertido que la disponibilidad de estos fondos era necesaria para mantener sus operaciones y garantizar la continuidad de servicios vinculados con la administración de justicia. La institución también había relacionado la situación con sus capacidades para enfrentar el crimen organizado.
Con los oficios emitidos durante agosto, Hacienda comunicó formalmente el traslado de los ¢3.053 millones al Poder Judicial. De esta manera, los recursos que habían permanecido retenidos regresaron al presupuesto institucional correspondiente al ejercicio económico 2026.
