Gabriel Aguilar: ¡Se acabó el recreo! Presos trabajarán y se durecen los beneficios en las cárceles
El Ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar ha reafirmado la implementación de un nuevo decreto ejecutivo que busca transformar la administración de las penas en el país. El jerarca de la cartera, Gabriel Aguilar, defendió la medida como una herramienta necesaria para devolver el orden y la autoridad a los centros penales del territorio nacional.
La normativa surge en un contexto de debate sobre la interpretación del «año carcelario» de 360 días y la forma en que los privados de libertad acceden a descuentos en sus sentencias. Aguilar fue enfático al aclarar que este cómputo temporal no es una invención reciente, sino una disposición técnica ya existente en el ordenamiento jurídico penal costarricense.
¡Se acabó el recreo! Presos trabajarán y se durecen los beneficios en las cárceles
El enfoque central del Poder Ejecutivo se orienta ahora a cerrar lo que califican como «portillos» legales que permitían reducciones de pena sin una base de esfuerzo verificable. Según el ministro, el Código Penal establece con claridad que el descuento de una condena debe ganarse mediante el trabajo efectivo, la disciplina y el estudio constante.
«Este trabajo tiene que ser real, con jornada, con registro y con supervisión», señaló el jerarca, subrayando que se implementarán controles estrictos sobre las actividades diarias. Esta postura marca un distanciamiento respecto a gestiones anteriores, donde el seguimiento de las labores realizadas por los reclusos presentaba, según el Gobierno, diversas debilidades administrativas.
Uno de los cambios más significativos es la reclasificación de las actividades consideradas válidas para el descuento de penas dentro del sistema. Aguilar anunció que las labores artísticas, literarias o artesanales ya no serán computadas automáticamente como trabajo formal bajo los mismos parámetros que las jornadas laborales tradicionales o el estudio.
El ministro defendió esta decisión argumentando que el decreto busca ajustar la práctica administrativa a la letra estricta de la ley vigente. «Si un privado de libertad quiere que se le rebaje la condena, tiene que ganárselo, ya sea trabajando o estudiando, con horario, con control y con supervisión», puntualizó.
La administración actual ha sido crítica con la percepción de ocio en los centros penitenciarios, utilizando una retórica fuerte para desmarcarse de políticas pasadas. Para el Ministerio de Justicia, la infraestructura carcelaria debe cumplir su función punitiva y resocializadora, eliminando cualquier tipo de concesión que se considere excesiva o injustificada.
Bajo las nuevas reglas, aquellos privados de libertad que decidan no integrarse a los programas de estudio o trabajo deberán cumplir su condena de forma íntegra. Esto implica que el recluso permanecerá en el sistema cerrado día tras día, completando el ciclo del año carcelario de 360 días sin acceso a beneficios de reducción.
Un punto neurálgico del decreto es la restitución del requisito del «tercio de la pena» para optar por cambios de modalidad en el cumplimiento de la condena. Esta medida revierte disposiciones previas que permitían a personas sentenciadas acceder al régimen de confianza en periodos que el Ejecutivo considera prematuros y desproporcionados.
«A partir de ahora, si un privado de libertad quiere revisar su caso y pasar al régimen de confianza, obligatoriamente tendrá que haber cumplido, como mínimo, una tercera parte de su condena», explicó Aguilar. El jerarca citó ejemplos donde sentenciados a 12 años podían optar por beneficios a los dos años, calificando dicha situación como inaceptable.
Finalmente, el proceso para transitar hacia un régimen de menor seguridad no será automático tras cumplir el tercio de la pena, sino que requerirá validaciones técnicas. Se anunció que cada caso será sometido a una revisión exhaustiva para certificar que el individuo no represente un peligro para la seguridad de la sociedad civil.
