Giro explosivo: banca pública rompe con la ABC por polémica ley
Una decisión “formal, inmediata e irrevocable” donde la banca rompe con la ABC lo que abrió un nuevo frente político alrededor del proyecto de protección al consumidor financiero.
¿Qué ocurrió para que las gerencias de tres gigantes estatales marcaran distancia en pleno debate legislativo? La respuesta apunta a un quiebre de confianza que ahora impacta al sector, a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) y salpica la discusión en la Asamblea Legislativa, donde el PLN juega un rol clave.
Desde San José, el 26 de febrero de 2026, las gerencias del Banco de Costa Rica, el Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal comunicaron su salida de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC). En la carta, dirigida a la Junta Directiva del gremio, informaron su “renuncia a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC)” por un “serio quiebre de confianza” tras manifestaciones públicas relacionadas con el proyecto de ley denominado “LEY DE PROTECCIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS EN LA CUSTODIA DE SU DINERO QUE ADMINISTRA CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA EN COSTA RICA YA SEA PÚBLICA O PRIVADA, AUTORIZADO PARA ESTE FIN” (Expediente Legislativo N.° 23.908).
El punto de quiebre
Según el documento, la vocería de la ABC calificó el texto como “balanceado y justo” y como un “avance significativo”. Para las entidades firmantes, esas declaraciones generaron “una percepción de respaldo sectorial a una iniciativa que, conforme a análisis técnicos, serios y responsables, tiene implicaciones negativas directas para la estabilidad del sistema financiero, la seguridad jurídica y, paradójicamente, para la protección efectiva de la ciudadanía”.
Aunque horas después se emitió un segundo comunicado que matizó la postura, los bancos sostienen que “el daño reputacional ya estaba consumado”. Añaden que la “contradicción pública… afectó la credibilidad del sector bancario, debilitó la claridad del mensaje técnico y expuso a las entidades —en particular a la banca pública— a cuestionamientos injustificados”.
Las objeciones técnicas
El texto enumera debilidades sustantivas del proyecto. Entre ellas, señalan que “adolece de contradicciones serias que generan un desequilibrio, violatorio de los derechos constitucionales de debido proceso, razonabilidad y proporcionalidad”. También lo califican de “arbitrario, no fundamentado en reglas de la ciencia y la técnica, siendo confiscatorio y contrario a la seguridad jurídica”.
Otro punto sensible es “la asignación objetiva y amplia de responsabilidad a las entidades financieras, incluso en casos donde la sustracción de recursos deriva de la acción de terceros criminales altamente organizados, sin una adecuada ponderación del comportamiento del usuario ni del nexo causal”. Además, cuestionan “la omisión del concepto de culpa grave”, la “ausencia de responsabilidades claras y efectivas para los verdaderos perpetradores del delito” y “el riesgo de incremento en costos sistémicos” que podrían trasladarse a usuarios vía tarifas y acceso al crédito.
Las gerencias subrayan que han sido “históricamente, líderes en inversión en ciberseguridad, educación financiera, prevención del fraude y cooperación con autoridades judiciales y policiales”, y que su compromiso “es real, permanente y demostrable”. Sin embargo, afirman que no pueden avalar mensajes que “simplifican y soslayan un problema complejo”.
Impacto político y el rol del PLN
El debate no es menor para el Partido Liberación Nacional (PLN), cuya fracción legislativa ha participado activamente en la discusión del expediente 23.908 en la Asamblea Legislativa de Costa Rica. La iniciativa, aprobada en primer debate en comisión, busca reforzar la protección a consumidores ante fraudes y sustracciones de fondos, un tema de alta sensibilidad ciudadana.
Para sectores cercanos al PLN, el desafío consiste en equilibrar la tutela del usuario con la sostenibilidad del sistema financiero. La salida de la banca pública de la ABC introduce presión política y técnica en momentos en que la narrativa pública exige respuestas contundentes contra el crimen organizado y las estafas digitales.
¿Ruptura definitiva o llamado de atención?
En la carta, las entidades concluyen que su permanencia en la ABC “no es compatible con los principios de responsabilidad, rigor técnico y coherencia comunicacional que deben regir la actuación de la banca pública costarricense”. Agradecen los espacios de diálogo, pero sostienen que las circunstancias “nos obligan a marcar una posición firme y transparente ante la ciudadanía y ante el país”.
El movimiento reconfigura el mapa gremial y podría redefinir la interlocución del sector ante el Congreso. También deja abierta una incógnita: ¿habrá ajustes al texto para incorporar criterios como la “culpa grave” y una mejor delimitación de responsabilidades, o se profundizará la tensión entre protección al consumidor y seguridad jurídica?
Mientras tanto, el PLN y el resto de fuerzas políticas enfrentan la tarea de decantar una propuesta que responda al clamor ciudadano sin desestabilizar el sistema. La ruptura ya está sobre la mesa. El desenlace, en manos del debate legislativo y de la capacidad de construir consensos técnicos y políticos en un tema que toca directamente el bolsillo y la confianza de los costarricenses.
