Éstas son la medidas que aplicaría Gabriel Aguilar en cárceles sobre las visitas íntimas
El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, anunció un paquete de controles en cárceles que modifica diversos procedimientos dentro del sistema penitenciario costarricense. Las disposiciones incluyen restricciones a las visitas íntimas, reubicación de privados de libertad considerados líderes de ámbitos, rotación de personal y mayores controles internos para combatir actividades ilícitas dentro de los centros penales.
Las nuevas medidas fueron comunicadas por el jerarca como parte de una estrategia para fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios. Según explicó, el objetivo es recuperar el control institucional y reducir espacios que puedan ser aprovechados por estructuras criminales para mantener influencia desde prisión.
«En las cárceles manda el Gobierno»: Gabriel Aguilar impone nuevas reglas en cárceles sobre las visitas íntimas
Entre las decisiones anunciadas figura el retiro inmediato de todos los televisores ubicados en las celdas de los diferentes centros penales del país. La administración considera que esta medida forma parte de un proceso de reorganización de los establecimientos penitenciarios.
Otro de los cambios corresponde al régimen de visitas íntimas. A partir de las nuevas disposiciones, quedarán prohibidas las visitas íntimas entre personas privadas de libertad. Asimismo, se impedirá que una persona civil pueda realizar este tipo de visita a más de un privado de libertad, además de investigarse disciplinariamente a los funcionarios que hayan autorizado situaciones contrarias a esta normativa.
Reubicación de privados de libertad considerados líderes
El Ministerio de Justicia también informó que procederá con el traslado inmediato de personas privadas de libertad identificadas como líderes dentro de determinados ámbitos penitenciarios. La intención, según indicó Aguilar, es evitar que mantengan capacidad de influencia sobre otros internos.
Durante el anuncio, el ministro señaló que estos privados de libertad serán enviados a otros centros donde no puedan ejercer control sobre la población penitenciaria. En ese contexto afirmó:
«En la jerga penitenciaria se les dice jachudos y los vamos a trasladar a otros centros penitenciarios en donde no tengan ni control ni poder sobre otros privados de libertad. En las cárceles manda el Ministerio de Justicia, nada más, punto, no mandan ustedes.»
Las acciones también contemplan modificaciones en la estructura administrativa de los centros penales. Entre ellas destaca la rotación inmediata de todos los directores de las cárceles, así como cambios en el personal penitenciario destacado en el ámbito de máxima seguridad del Centro de Atención Institucional La Reforma.
El ministro explicó que estos movimientos buscan fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar una mayor vigilancia dentro de las instalaciones penitenciarias. Las autoridades consideran que la renovación del personal permitirá mejorar los procesos de control interno.
Como parte del plan, la Unidad de Inteligencia Penitenciaria trabajará de forma conjunta con la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) para analizar posibles conductas irregulares de funcionarios vinculados al sistema penitenciario.
Las investigaciones abarcarán aspectos relacionados con estilos de vida, posibles enriquecimientos injustificados y cualquier comportamiento considerado sospechoso. En caso de detectarse indicios de irregularidades, la información será trasladada a las autoridades judiciales correspondientes para su valoración.
Otra de las medidas anunciadas establece que los funcionarios penitenciarios, tanto técnicos como policiales o de jefatura, que sean sorprendidos introduciendo drogas, objetos prohibidos o colaborando con organizaciones criminales, serán trasladados al Centro de Atención Integral contra el Crimen Organizado (CACCO), siempre que sean detenidos por esos hechos.
Las autoridades sostienen que estas disposiciones buscan reforzar la transparencia institucional y enviar un mensaje de cero tolerancia frente a eventuales actos de corrupción dentro del sistema penitenciario.
Durante su intervención, Aguilar reiteró que la administración pretende ejercer un control directo sobre los centros penales y mantener una política de firmeza frente a las organizaciones criminales que operan desde las cárceles.
El jerarca manifestó además que las decisiones forman parte de una estrategia integral orientada a fortalecer la autoridad del Estado dentro de los establecimientos penitenciarios y evitar que grupos organizados mantengan capacidad de influencia sobre la operación diaria de los centros.
En ese sentido expresó: «En las cárceles, no mandan los jueces de ejecución de la pena, no manda la Defensoría de los Habitantes, no mandan las bandas criminales ni los funcionarios corruptos, en las cárceles manda el gobierno, manda el Poder Ejecutivo, le guste a quien le guste.»
Las medidas anunciadas comenzarán a implementarse de forma inmediata por parte del Ministerio de Justicia, mientras las distintas dependencias penitenciarias ejecutan los cambios operativos y administrativos comunicados por el jerarca.
