Diputado Antonio Ortega denuncia riesgo en servicios públicos
El panorama legislativo costarricense enfrenta una de sus discusiones más tensas tras las recientes declaraciones del diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio. Una iniciativa que busca reglamentar la objeción de conciencia ha encendido las alarmas sobre el futuro de la atención ciudadana.
Lo que parece una normativa técnica esconde, según el legislador, un peligro latente para la institucionalidad y la igualdad de trato en el país. El debate se centra en hasta dónde llega la libertad individual frente al deber de los funcionarios estatales.
Diputado Antonio Ortega denuncia riesgo en servicios públicos
“Pero jamás, jamás se le puede dar a al Estado, a una institución la posibilidad de negar, perfeccionar, mejorar o de democratizar sus servicios”, sentenció Ortega durante su intervención. Esta frase resume la preocupación central sobre la gestión de lo público.
El diputado recordó que esta situación no es nueva, sino que arrastra antecedentes políticos de la administración anterior de Carlos Alvarado. Ortega señaló directamente las negociaciones que dieron origen a estas polémicas figuras legales en el pasado reciente.
Según el legislador frenteamplista, la propuesta oficializaría que una enfermera o un policía decidan no atender a un ciudadano basándose en criterios personales. Esto representaría una barrera ideológica en servicios que deben ser, por naturaleza, universales y totalmente laicos.
“Esta iniciativa, que esperemos que no llegue a Buen Puerto, estaría oficializando y legitimando, por ejemplo, que un policía, que una enfermera no quiere atender a una persona simplemente porque está en contra de sus valores”, advirtió.
El congresista fue enfático al criticar el uso de la objeción de conciencia como una herramienta que considera «mal interpretada». Para Ortega, este concepto ha sido utilizado históricamente como moneda de cambio política en detrimento de grupos vulnerables.
Recordó con dureza el papel del Partido Acción Ciudadana y su alianza con Restauración Nacional para aprobar la Ley de Empleo Público. En su visión, los derechos humanos fueron sacrificados para obtener votos legislativos en reformas fiscales y administrativas.
“El Partido Acción Ciudadana, que se hacía llamar los defensores de los derechos humanos, una vez más negociaron en nombre de los derechos humanos y entregaron la objeción de conciencia”, recalcó el diputado con tono crítico.
La preocupación escala al ámbito de la capacitación profesional, donde un funcionario podría negarse a recibir formación actualizada alegando conflictos éticos. Esto, según el diputado, estancaría la modernización y eficiencia que el ciudadano costarricense exige diariamente.
Para Ortega, el núcleo del problema es la confusión entre las creencias personales y el deber ministerial de quien sirve al país. Un funcionario público se debe a la ley y al usuario, independientemente de su propia visión del mundo.
“El estado no puede tener religión, el estado no puede tener criterio, el estado lo que tiene que buscar es resolver las necesidades de las personas”, explicó Ortega para fundamentar el dictamen negativo hacia este proyecto de ley.
Finalmente, el legislador insistió en que el Estado se financia mediante impuestos de toda la población, sin distinción alguna. Por ello, permitir que se fragmente la atención por criterios subjetivos socava los cimientos de la convivencia democrática nacional.
“Un estado no puede dejar de atender o dejar de dar un servicio de primer nivel a las personas que pagan los impuestos y a los que no pagan los impuestos”, concluyó el legislador tras el rechazo a la iniciativa.
