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Pueblo Soberano y PLN: Anticoncepción de emergencia sale de ley para víctimas de violación

Seis legisladoras respaldaron el cambio, solo el Frente Amplio votó en contra.

La Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa aprobó este miércoles 21 de octubre eliminar la anticoncepción de emergencia del proyecto de ley que busca garantizar atención integral a las víctimas de violación sexual en Costa Rica. La moción pasó con seis votos a favor y uno en contra.

El cambio fue respaldado por las diputadas Kattia Calvo, Kattya Mora, Ana Ruth Esquivel y Mayuli Ortega, del oficialista Partido Pueblo Soberano, junto con Karen Alfaro y Andrea Valverde, de Liberación Nacional. La única voz en contra fue la de Vianey Mora, del Frente Amplio.

Anticoncepción de emergencia sale de ley para víctimas de violación

Las legisladoras oficialistas fundamentaron su voto en dudas sobre los efectos del medicamento y en sus convicciones relacionadas con la protección de la vida desde la concepción. Ese argumento fue el eje de la discusión durante la sesión.

Aunque anunciaron que buscarán reincorporar el fármaco al texto, plantearon una condición: que su suministro quede sujeto a una prueba de embarazo previa. La propuesta abrió un nuevo frente de debate entre especialistas y organizaciones sociales.

Lo que dice la evidencia científica

La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que la anticoncepción de emergencia previene el embarazo principalmente al impedir o retrasar la ovulación. Según el organismo internacional, estos medicamentos no provocan abortos ni interrumpen una gestación ya establecida.

A ello se suma un elemento técnico: una prueba de embarazo aplicada inmediatamente después de una violación no permite determinar si la agresión provocó un embarazo. Por esa razón, críticos de la propuesta cuestionan la utilidad práctica de ese requisito.

El tiempo es un factor clave. El Protocolo Interinstitucional de Atención Integral a Víctimas de Violación Sexual, diseñado para las primeras 72 horas tras la agresión, ya incorpora la prescripción de anticoncepción oral de emergencia como parte de la atención.

Foto con fines ilustrativos. Foto tomada de La Nación/Jeffrey Zamora

Rechazo desde el sector profesional

El Colegio de Trabajadores Sociales se pronunció en contra de la exclusión. La organización advirtió que la medida podría generar obstáculos para la atención oportuna de las víctimas, en un proceso donde cada hora resulta determinante para su salud física y emocional.

Las organizaciones que acompañan a sobrevivientes de violencia sexual sostienen que el proyecto buscaba precisamente dar rango de ley a servicios básicos, de modo que no dependieran de decisiones administrativas o de cambios de gobierno.

Qué cambia y qué no

La modificación no prohíbe la anticoncepción de emergencia en Costa Rica. Lo que hace es eliminar su inclusión expresa entre los servicios mínimos que el proyecto garantizaría a las personas que han sufrido una violación.

En la práctica, esto significa que el acceso al medicamento seguiría rigiéndose por los protocolos institucionales vigentes, pero no quedaría blindado por ley como un servicio obligatorio dentro de la atención integral.

Un debate que no es nuevo

La discusión tiene antecedentes en la legislatura anterior. En 2024, la entonces diputada de Nueva República Olga Morera intentó sin éxito eliminar la píldora del día después como servicio mínimo que el Estado debía garantizar a las víctimas de violación.

Posteriormente, Morera bloqueó con 78 mociones el proyecto que buscaba elevar a rango de ley el protocolo de atención en las primeras 72 horas, en una muestra de la polarización que ha rodeado el tema durante años.

La iniciativa todavía debe continuar su trámite legislativo en comisión y luego en el Plenario, donde podría recibir nuevas mociones de fondo antes de convertirse en ley.

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