Abogado exige concurso para fiscal general y lleva a la Corte a la Sala IV
Randall Sequeira Hernández pide suspender cualquier trámite para nombrar al fiscal general hasta que la Sala Constitucional resuelva.
El abogado Randall Sequeira Hernández exige el concurso para fiscal general y llevó a la Corte Plena ante la Sala IV, mediante un recurso de amparo con medida cautelar, luego de que esta rechazara su gestión para activar el proceso que establece la Ley N.° 10401.
La impugnación se dirige contra el acuerdo que la Corte Plena adoptó en su sesión del 5 de octubre de 2026. En esa sesión, el órgano desestimó la solicitud que Sequeira planteó mediante el oficio RSH-0127-2026, en la que pedía iniciar el proceso de selección conforme a esa ley.
Abogado exige concurso para fiscal general y lleva a la Corte a la Sala IV
El recurrente alega que negarse a realizar un proceso de selección público, transparente y basado en el mérito vulnera derechos fundamentales y principios democráticos. Por esa razón, acudió a la vía constitucional para que la Sala revise la decisión de la Corte Plena.
Sequeira sostiene que la reforma al artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público es categórica al establecer que “el nombramiento deberá realizarse a través de un concurso”. Según el abogado, la omisión de ese procedimiento “priva a la ciudadanía y a los profesionales del derecho de un proceso de selección regido por el derecho y la objetividad”.
Los derechos que el abogado considera lesionados
El documento presentado ante el Tribunal Constitucional enfatiza que la controversia no busca una intromisión en la competencia de la Corte para elegir al jerarca. Lo que pretende, según el escrito, es el restablecimiento del orden constitucional.
“La negativa a activar el procedimiento concursal impide la existencia de un escenario de participación pública, abierta, transparente, objetiva e igualitaria”, señala el recurso.
El recurrente argumenta que la actuación de la Corte Plena lesiona derechos fundamentales como el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, el principio de legalidad y el deber de motivación de los actos de autoridad.
Asimismo, subraya que la Corte, al actuar en temas de nombramientos, se comporta como una “autoridad administrativa sujeta al derecho público”. Con base en ese criterio, el abogado sostiene que sus decisiones en esta materia pueden ser revisadas mediante la vía del amparo.
Como medida cautelar, Sequeira solicitó a la Sala Constitucional la “suspensión inmediata de cualquier actuación institucional, acuerdo o trámite tendente a consumar el nombramiento del fiscal o fiscala general de la República”. La petición plantea que esa suspensión se mantenga hasta que el tribunal emita un pronunciamiento definitivo sobre el fondo.
De acogerse esa medida, cualquier paso orientado a concretar la designación quedaría en pausa mientras la Sala analiza si la Corte Plena estaba obligada a abrir el concurso previsto en la Ley N.° 10401.
El abogado recalca que el concurso público no es una “simple formalidad burocrática”. Lo describe como un instrumento diseñado para “erradicar el subjetivismo, prevenir el amiguismo o el clientelismo institucional” en la elección.
Para Sequeira, ese mecanismo garantiza que la idoneidad sea el único criterio para ocupar el cargo encargado de la persecución penal en el país, función que recae en la persona que dirige el Ministerio Público.
Hasta el momento, no se conoce una respuesta pública de la Corte Plena sobre el recurso. La Sala Constitucional deberá determinar si da curso al amparo y si acoge la medida cautelar solicitada, antes de resolver el fondo del caso.
