Gobierno cesa embajadoras y Estado pagará ₡19 millones por traslado

El Gobierno de Costa Rica cesó a las embajadoras Adriana Bolaños Argueta, destacada en España, y Olga Sauma Uribe, representante diplomática en Austria. La decisión forma parte de los cambios realizados por la administración de la presidenta Laura Fernández Delgado en distintas representaciones del servicio exterior costarricense.
Bolaños había sido nombrada embajadora en España en mayo de 2023, mientras que Sauma asumió la representación diplomática en Austria en agosto de 2024. Ambas fueron designadas durante la administración del expresidente Rodrigo Chaves Robles y ahora concluyen sus funciones en el extranjero.
Gobierno cesa embajadoras y Estado pagará ₡19 millones por traslado
Además de su cargo en España, Bolaños ejercía como embajadora concurrente ante Andorra y Marruecos. Por su parte, Sauma representaba a Costa Rica de manera concurrente en Eslovenia, Kosovo, Eslovaquia y la República Checa, una práctica que permite a un mismo embajador acreditar representación ante varios países sin residir permanentemente en cada uno de ellos.
La salida de ambas diplomáticas también implica una serie de procedimientos administrativos relacionados con su retorno al país. Según documentación conocida por este medio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto deberá destinar cerca de ₡19 millones para cubrir el traslado de los menajes de casa desde Madrid, España, y Viena, Austria, hasta San José.
De acuerdo con la normativa vigente, los funcionarios acreditados en el Servicio Exterior tienen derecho a trasladar sus bienes personales y domésticos cuando son enviados a una misión en el extranjero o cuando regresan al país tras finalizar sus funciones. Estos artículos forman parte del denominado menaje de casa.
Entre los bienes contemplados dentro de esta categoría se incluyen muebles, electrodomésticos, utensilios domésticos, vajilla, ropa de cama y baño, alfombras, tapicería y otros objetos destinados a la comodidad y funcionamiento del hogar. La legislación establece que dichos traslados deben realizarse bajo criterios de eficiencia y racionalidad en el uso de los recursos públicos.
El artículo 12 del Reglamento de Traslado de Menaje de Casa y Pasajes de los Funcionarios Acreditados en el Servicio Exterior de la República, emitido por la Contraloría General de la República (CGR), señala que el monto reconocido para estos movimientos se calcula desde el lugar de procedencia hasta el destino final, “puerta a puerta”, utilizando la ruta más directa y económica disponible.
La regulación también contempla que el peso autorizado y el costo reconocido pueden variar dependiendo de factores como la cantidad de integrantes del núcleo familiar que residan permanentemente con el funcionario acreditado, así como la existencia de servidores domésticos a su cargo durante la misión diplomática.
En el caso de Adriana Bolaños, su condición de diplomática de carrera le permitirá reincorporarse a funciones dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto una vez que concluya formalmente su retorno a Costa Rica. Bolaños también se desempeñó como viceministra de Relaciones Exteriores entre 2018 y 2022.

La situación de Olga Sauma es distinta, ya que no forma parte del servicio diplomático de carrera ni posee formación profesional en esa área. Por esta razón, al finalizar sus funciones en el exterior no podría ser nombrada en un cargo dentro de la Cancillería bajo las mismas condiciones que un funcionario de carrera.
Los recursos destinados para cubrir los traslados de menajes forman parte de las previsiones incluidas anualmente en el Presupuesto Ordinario de la República. De esta manera, el gasto asociado al retorno de funcionarios del servicio exterior se encuentra contemplado dentro de los mecanismos regulares de financiamiento del Estado.
La decisión de relevar a ambas embajadoras marca un nuevo movimiento dentro de la política exterior costarricense y abre paso a futuros nombramientos en dos sedes diplomáticas estratégicas para el país, mientras continúan los procesos administrativos derivados del cierre de sus respectivas gestiones.





