Carlo Díaz y Patricia Solano están denunciados por presunta beligerancia política
En el caso del fiscal general Carlo Díaz, la gestión hace referencia a declaraciones relacionadas con la situación política nacional, el expresidente Rodrigo Chaves y el proyecto político oficialista. También menciona manifestaciones en las que el jerarca advirtió sobre posibles riesgos para la democracia costarricense.
El denunciante considera que estas expresiones deben ser analizadas para determinar si podrían interpretarse como una posición respecto a una corriente política, lo que, a su criterio, amerita una revisión por parte de las autoridades disciplinarias del Poder Judicial.
Carlo Díaz y Patricia Solano quedan en el ojo del huracán tras denuncia por presunta beligerancia
Respecto a Patricia Solano, la denuncia cita declaraciones públicas relacionadas con el desempeño económico del país. Entre ellas destaca la comparación realizada por la magistrada entre la denominada «economía jaguar» y una economía que, según expresó, «no llega ni a gatito«.
Esa frase fue utilizada por Solano durante cuestionamientos sobre la situación económica nacional y forma parte de los elementos que el denunciante considera relevantes para valorar una eventual afectación al principio de neutralidad judicial.
Solicitan preservar entrevistas, videos y evidencia digital
Además de solicitar la apertura de una investigación preliminar, Aguilar pidió a la Inspección Judicial ordenar el resguardo de entrevistas, videos, publicaciones periodísticas y cualquier otro material relacionado con las manifestaciones atribuidas a ambos funcionarios.
La gestión también plantea la necesidad de preservar evidencia digital y, de ser necesario, solicitar a medios de comunicación y plataformas tecnológicas los archivos originales que respalden las declaraciones señaladas en la denuncia.
El abogado sostiene que estos elementos permitirían realizar un análisis integral dentro del debido proceso y garantizar que cualquier decisión disciplinaria se base en pruebas verificables.
En el documento se plantea que la Inspección Judicial deberá determinar si las manifestaciones públicas «podrían interpretarse como una posición de rechazo hacia una corriente o agrupación política, o si resultan incompatibles con los deberes de imparcialidad y neutralidad que rigen a los funcionarios del Poder Judicial».
Asimismo, el denunciante indicó que será la autoridad competente la encargada de establecer, mediante el procedimiento correspondiente, si las declaraciones realizadas por Carlo Díaz y Patricia Solano están protegidas por la libertad de expresión de los funcionarios públicos o si eventualmente podrían constituir una infracción al régimen disciplinario vigente.
Hasta el momento, la denuncia corresponde a una gestión administrativa presentada ante la Inspección Judicial y no implica la existencia de una sanción ni un pronunciamiento sobre la responsabilidad de los funcionarios señalados.
