Estudio revela fallas del Estado ante delitos por abuso sexual de menores: son mas de 3.000 casos reportados
El incremento de las denuncias por delitos sexuales contra personas menores de edad en Costa Rica volvió a encender las alertas entre especialistas, luego de que un estudio académico señalara importantes debilidades en la capacidad institucional para identificar, registrar y atender este tipo de casos. La investigación también advierte sobre diferencias significativas entre las cifras que manejan distintas instituciones públicas.
De acuerdo con el informe «La Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) en Costa Rica: análisis de tres cantones del Pacífico del país», elaborado por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA) de la Universidad Nacional y el programa PRIDENA de la Universidad de Costa Rica, durante los primeros nueve meses de 2025 el Ministerio Público contabilizó 3.203 casos de relaciones sexuales con personas menores de edad.
Estudio revela fallas del Estado ante delitos por abuso sexual de menores: son mas de 3.000 casos reportados
La cifra supera los 2.772 expedientes registrados durante todo el año 2020, lo que refleja un incremento sostenido en este tipo de delitos. El estudio fue desarrollado a solicitud del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) mediante el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), con el propósito de analizar la situación de la explotación sexual comercial infantil en los cantones de Puntarenas, Garabito y Corredores.
Diferencias en los registros generan preocupación
Uno de los principales hallazgos del informe es la diferencia entre las estadísticas judiciales y los registros administrativos del PANI. Mientras el Ministerio Público reporta miles de investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra menores, los datos especializados del PANI muestran cifras considerablemente menores en los territorios analizados.
Según los investigadores, esta diferencia estaría relacionada con problemas en la clasificación de las denuncias. En muchos casos, situaciones vinculadas con explotación sexual comercial son registradas bajo otras categorías administrativas, lo que dificulta conocer la verdadera dimensión del fenómeno.
Una funcionaria del PANI consultada durante la investigación explicó esta situación al señalar que «Sabemos que hay un vacío muy grande en cuanto a conocimiento del delito».
El documento agrega que diversas denuncias terminan clasificadas como «negligencia de cuido» o «relaciones impropias», y que esa categorización no siempre se modifica aunque las investigaciones posteriores determinen que existió explotación sexual comercial.
El estudio también analiza el funcionamiento de la Comisión Nacional contra la Explotación Sexual Comercial (CONACOES), organismo responsable de coordinar las acciones entre distintas instituciones públicas para prevenir y atender estos delitos.
De acuerdo con la investigación, la comisión ha experimentado una disminución importante en la participación de instituciones. Mientras anteriormente contaba con alrededor de 66 integrantes, actualmente la cifra oscila entre 20 y 30 representantes, situación que los autores atribuyen a dificultades de convocatoria y menor involucramiento institucional.
Investigación identifica debilidades institucionales
El investigador de la Universidad Nacional, Rolando Barrantes Pereira, indicó que los resultados permiten identificar «grandes vulnerabilidades territoriales, una gran dispersión y subestimación de datos, deficiencias de gobernanza, trabajo interinstitucional y factores de riesgo como la pobreza extrema, la migración, el turismo sexual y el uso de plataformas digitales».
El análisis también describe características particulares en las zonas estudiadas. En Garabito, especialmente en Jacó, la explotación sexual comercial aparece vinculada con el turismo sexual; en Puntarenas se relaciona con la actividad portuaria y el movimiento de cruceros; mientras que en Corredores se identifican riesgos asociados al tránsito migratorio en la frontera sur.
Como parte de las recomendaciones, los investigadores plantean la creación de un sistema unificado de registro para personas menores de edad, respetando las normas de protección de datos personales. Además, sugieren fortalecer los recursos humanos y financieros de la CONACOES para mejorar la coordinación entre instituciones.
El informe también propone revisar los mecanismos utilizados por el PANI para clasificar las denuncias, con el fin de que los casos relacionados con explotación sexual comercial sean registrados de manera precisa y permitan contar con estadísticas más consistentes para la formulación de políticas públicas.
Entre los insumos recopilados durante la investigación también figuran testimonios de víctimas que describen situaciones de abuso desde la infancia, así como casos relacionados con trata de personas y trabajo forzoso, elementos que los investigadores consideran reflejan la complejidad de las redes de explotación sexual comercial que continúan siendo investigadas en el país.
