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“El oro que hoy se roban Crucitas podría convertirse en escuelas”, afirma Nogui Acosta

El debate sobre el futuro del oro extraído ilegalmente en Crucitas volvió a ocupar la agenda política luego de que el jefe de fracción del Partido Pueblo Soberano, Nogui Acosta, señalara que los recursos obtenidos mediante una eventual subasta del metal podrían destinarse a obras públicas y programas de interés social.

La iniciativa impulsada por el Gobierno busca establecer un mecanismo para subastar el oro recuperado en la zona norte del país, donde desde hace más de una década se reportan actividades de extracción ilegal vinculadas a grupos organizados. Según autoridades gubernamentales, los fondos generados podrían dirigirse a proyectos de infraestructura, educación, salud y seguridad.

“El oro que hoy se roban Crucitas podría convertirse en escuelas”, afirma Nogui Acosta

Diputado oficialista cuestiona freno legislativo a proyecto sobre oro de Crucitas»Más escuelas o más bloqueo”: el choque político por el oro de Crucitas

Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, Acosta cuestionó la cantidad de mociones presentadas al expediente legislativo que analiza la propuesta. De acuerdo con el legislador oficialista, el proyecto enfrenta más de 600 mociones impulsadas por diputados de Liberación Nacional y del Frente Amplio.

“Lo que vimos en Crucitas fue alarmante. Mientras algunos mantienen más de 600 mociones sobre la mesa, el oro de todos los costarricenses sigue siendo saqueado y el daño ambiental continúa expandiéndose. Llevamos más de 12 años viendo cómo se roban una riqueza que podría traducirse en más escuelas, más carreteras y más oportunidades para el país. Es hora de dejar de obstaculizar y empezar a resolver”, manifestó Acosta.

La discusión ocurre días después de una gira oficial realizada en la zona de Crucitas, en San Carlos, donde autoridades del Poder Ejecutivo observaron las condiciones de seguridad existentes alrededor de los puntos afectados por la minería ilegal.

Según el diputado, los acontecimientos registrados durante esa visita evidenciaron la presencia y actividad de grupos vinculados a la extracción clandestina de oro. El recorrido incluyó la participación de la presidenta Laura Fernández y miembros del gabinete.

Uno de los hechos que generó mayor atención fue una detonación ocurrida durante la gira, situación que obligó a evacuar preventivamente a la mandataria y a otros funcionarios que se encontraban en el sitio.

Acosta aseguró que el retraso en el avance legislativo impide que el Estado cuente con herramientas para administrar y aprovechar los recursos provenientes del oro recuperado en la zona. Además, sostuvo que la propuesta busca convertir esos recursos en inversión pública.

“Se limitan a cambiar palabras, agregar términos o modificar redacciones sin impacto real en el fondo del proyecto. Mientras algunos entorpecen sin sentido el avance de una solución urgente, el oro de todos los costarricenses se sigue robando y el daño ambiental continúa creciendo”, agregó el legislador.

El proyecto forma parte de las iniciativas impulsadas por el Gobierno para atender la situación en Crucitas, una zona que continúa siendo objeto de preocupación por la extracción ilegal de minerales, el impacto ambiental y los desafíos de seguridad asociados a estas actividades.

Mientras la propuesta permanece en análisis dentro de la Asamblea Legislativa, el debate político se mantiene centrado en los mecanismos para enfrentar la minería ilegal, el destino de los recursos obtenidos y la viabilidad de las medidas planteadas para recuperar el control estatal sobre la riqueza mineral existente en la zona.

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