¿Quién paga cuando roban su cuenta? Nueva ley cambia las reglas
Miles de personas en Costa Rica han vivido una de las experiencias más angustiosas de su vida financiera: ingresar a su cuenta bancaria y descubrir que sus ahorros ya no están. En un contexto donde las estafas digitales crecen a un ritmo alarmante, el país aprobó el expediente 23.908, Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero, una reforma que promete cambiar las reglas del juego para víctimas de fraude.
Con más de 13.000 casos de estafas informáticas registrados en 2025 —un promedio cercano a 38 víctimas por día— y más del 26 % de los hogares costarricenses expuestos a intentos de fraude digital, la nueva normativa surge como una respuesta directa a una crisis que afecta a familias trabajadoras, adultos mayores y pequeños ahorrantes en todo el territorio nacional.
Esa es la incógnita que durante años ha acompañado a miles de costarricenses afectados por fraudes digitales. Ahora, tras la aprobación del expediente 23.908, esa realidad podría cambiar de forma significativa. Se trata de la Ley de Protección a las Personas Consumidoras en la Custodia de su Dinero, una reforma que busca devolver justicia, confianza y dignidad a las víctimas de estafas en Costa Rica.
Más de 13.000 casos en un solo año
La Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera aprobaron en primer debate el expediente 23.908. Según datos recientes, en 2025 Costa Rica cerró el año con más de 13.000 casos de estafas informáticas, con un promedio cercano a 38 víctimas por día. Además, más del 26 % de los hogares costarricenses ha experimentado algún intento de estafa o fraude digital.
Las cifras revelan un fenómeno creciente que golpea sin distinción de edad o condición social. Sin embargo, detrás de los números hay historias personales: adultos mayores que pierden los ahorros de toda una vida, familias trabajadoras que ven comprometido el dinero destinado a educación, vivienda o alimentación, y personas que, además del golpe económico, enfrentan la frustración de no sentirse respaldadas por el sistema.
“Una respuesta humana ante una realidad que golpea”
Durante el anuncio oficial, se destacó el impacto social de la nueva normativa. “Hoy dimos un paso fundamental para miles de personas que han vivido uno de los momentos más angustiosos de su vida: abrir su cuenta bancaria y descubrir que sus ahorros desaparecieron”, señala el comunicado divulgado el 25 de febrero de 2026 en San José.
El texto subraya que la aprobación del expediente 23.908 “no es solo una reforma legal. Es una respuesta humana ante una realidad que golpea a familias, trabajadoras y adultos mayores en todo el país”.
La ley establece un cambio trascendental en la forma en que se abordan los fraudes financieros. Hasta ahora, en muchos casos, la persona afectada debía demostrar que no actuó con negligencia para poder aspirar a la devolución de su dinero. Ese proceso resultaba complejo, lento y desgastante.
¿Qué cambia con la nueva ley?
El proyecto establece que las entidades financieras deben responder por el dinero sustraído de manera ilegítima, invierte la carga de la prueba en favor de la persona afectada y obliga a crear mecanismos ágiles para investigar y devolver los montos.
En términos prácticos, la normativa deja de colocar todo el peso sobre la víctima y reconoce que quien custodia el dinero debe asumir responsabilidad en su protección.
“En otras palabras, deja de poner todo el peso sobre la víctima y reconoce que quien custodia el dinero debe asumir responsabilidad”, destaca el comunicado oficial.
El objetivo es claro: fortalecer la confianza en el sistema financiero y garantizar que las personas no enfrenten solas las consecuencias de delitos cada vez más sofisticados, como el phishing, la suplantación de identidad o el acceso indebido a cuentas bancarias.
El documento oficial recalca que “este es un proyecto con un profundo impacto social”. Y no es para menos. Las estafas digitales no solo afectan el bolsillo, también generan miedo, desconfianza y una sensación de vulnerabilidad ante el uso de herramientas tecnológicas.
La ley pretende enviar un mensaje contundente: el Estado no será indiferente ante el crecimiento de las estafas electrónicas. “Aprobar esta ley es decirle a la gente que su esfuerzo vale, que su trabajo merece protección y que el Estado no será indiferente ante el crecimiento de las estafas electrónicas”, se afirma en el comunicado.
En un país donde la bancarización y el uso de plataformas digitales continúan en aumento, la seguridad financiera se convierte en un pilar clave para el desarrollo económico y social.
La reforma busca equilibrar la relación entre consumidores y entidades financieras. “Hoy avanzamos hacia un sistema financiero más justo, más humano y cercano a la realidad de las personas”, concluye el pronunciamiento oficial.
Sin embargo, expertos en prevención de estafas advierten que la ley, aunque necesaria, no sustituye la educación digital ni la responsabilidad compartida. La prevención sigue siendo fundamental: verificar enlaces, desconfiar de mensajes urgentes que soliciten datos personales y activar mecanismos de seguridad como la autenticación de dos factores son medidas clave.
La aprobación del expediente 23.908 marca un antes y un después en la lucha contra las estafas en Costa Rica. La gran pregunta ahora es cómo se implementará en la práctica y qué tan ágil será el proceso de restitución del dinero para las víctimas.
Lo cierto es que, para miles de personas que han vivido la angustia de perder sus ahorros por un fraude digital, la nueva ley representa una esperanza concreta de justicia y un intento por recuperar no solo el dinero, sino también la confianza en el sistema.
