Corte Plena desafía a diputados y rechaza repetir concurso de Sala IV para elección de magistrados
La Corte Plena acordó este lunes no elaborar una nueva nómina de aspirantes a magistrados suplentes de la Sala Constitucional y mantener vigente la lista de 18 candidatos que había sido enviada a la Asamblea Legislativa en octubre de 2025. La decisión se tomó luego de que el Congreso devolviera la propuesta sin concretar los nombramientos.
Durante la sesión, el máximo órgano del Poder Judicial concluyó que el procedimiento de selección ya fue completado conforme a las etapas establecidas y que no existe una justificación suficiente para reiniciar el concurso. La votación final registró 16 magistrados a favor de mantener la nómina, cuatro a favor de abrir un nuevo proceso y dos abstenciones.
Corte Plena desafía a diputados y rechaza repetir concurso de Sala IV para magistrados
El acuerdo se produce en medio de un debate sobre las competencias y responsabilidades de los poderes del Estado en la designación de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, instancia clave para la resolución de recursos y acciones relacionadas con derechos fundamentales.
Uno de los principales argumentos expuestos durante la discusión fue la necesidad de que la Asamblea Legislativa detalle las razones por las cuales decidió devolver la lista de candidatos. Según varios magistrados, la ausencia de una explicación dificulta determinar cuáles aspectos deberían modificarse en caso de que se optara por un nuevo proceso de selección.
El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, manifestó que el Congreso tiene la facultad de no efectuar los nombramientos, pero consideró necesario que se indiquen las razones de esa decisión. “Mi posición es devolver la lista a la Asamblea, porque en este caso no se da una justificación objetiva y razonable. La Asamblea está en su derecho de no nombrar, pero debe dar criterios a la Corte para saber hacia dónde vamos”, expresó durante la sesión.
La magistrada Ingrid Hess coincidió con esa posición y sostuvo que el Poder Judicial ya cumplió con el procedimiento establecido para conformar la nómina. En la misma línea, la magistrada Patricia Solano recordó que los antecedentes citados por algunos legisladores respondían a circunstancias distintas, vinculadas específicamente a criterios de equidad de género.
Sin embargo, no todas las intervenciones respaldaron la misma ruta. La magistrada de la Sala Primera, Iris Rocío Rojas, señaló que la situación debe analizarse también desde la perspectiva política e institucional. A su juicio, la negativa de los diputados refleja una posición que trasciende la valoración individual de los aspirantes incluidos en la lista.
“El sistema político está diciendo que no quiere elegir entre esos candidatos. Va más allá de que los aspirantes sean excelentes”, indicó Rojas durante la discusión, al advertir sobre los riesgos de prolongar el desacuerdo entre ambos poderes del Estado.
Otro de los factores considerados fue el impacto que tendría un nuevo concurso sobre el funcionamiento de la Sala Constitucional. Según se indicó durante la sesión, reiniciar el procedimiento podría extenderse durante varios meses debido a las diferentes etapas de evaluación y selección requeridas.
Actualmente, la Sala IV permanece sin magistrados suplentes desde hace siete meses. Esta situación ha generado dificultades operativas y un aumento en los asuntos pendientes de resolución cuando los magistrados propietarios deben inhibirse de conocer determinados casos.
De acuerdo con los datos expuestos en Corte Plena, el tribunal acumula 88 asuntos pendientes relacionados con estas limitaciones. El faltante de suplentes ha sido señalado como un elemento que afecta la capacidad de respuesta de la jurisdicción constitucional.
Con la decisión adoptada este lunes, la Corte Plena optó por mantener la nómina vigente y devolver nuevamente el tema a la Asamblea Legislativa. El futuro de los nombramientos queda ahora en manos de los diputados, mientras continúa la expectativa sobre la integración completa de la Sala Constitucional y la atención de su carga de trabajo.
