Videos | Gilbert Bell alias «Macho Coca» y Gabriel Lozano alias «Compadre» denuncian presunta tortura en prisión
El fiscal general Carlo Díaz reveló que Macho Coca, identificado como Gilbert Bell Fernández, aseguró que temía morir en La Reforma, mientras que Compadre, Gabriel Lozano Bonilla, denunció presuntos actos de tortura durante su reclusión. Ambos realizaron señalamientos antes de ser extraditados a Estados Unidos.
De acuerdo con Díaz, Bell Fernández manifestó alivio cuando fue sacado del centro penitenciario y llegó a agradecer a los oficiales que participaban en su traslado. El fiscal aseguró que escuchó personalmente las declaraciones del requerido por Estados Unidos.
Videos | Gilbert Bell alias «Macho Coca» y Gabriel Lozano alias «Compadre» denuncian presunta tortura en prisión de Costa Rica
“Él iba muy contento de irse. Es más, cuando lo sacan de la cárcel, él le manifiesta a los oficiales que gracias a Dios lo están sacando de esa cárcel. Porque él ahí iba a morir prácticamente por las condiciones extremas en las que él se encontraba”, declaró Díaz.
El fiscal general explicó que decidió prestar atención a esas manifestaciones porque cualquier posible vulneración de derechos de una persona privada de libertad debe ser examinada por las autoridades correspondientes, independientemente de los delitos que se le atribuyan.
“Compadre” denuncia presuntos actos de tortura
En este contexto, Díaz también recordó el caso de Gabriel Lozano Bonilla, alias “Compadre”, quien denunció presuntos actos de tortura mientras permanecía recluido en un centro penitenciario de alta contención, antes de su extradición a Estados Unidos.
En una declaración grabada antes de abandonar Costa Rica, Lozano aseguró que él y otros privados de libertad eran despertados reiteradamente durante la madrugada, con intervalos que, según su relato, podían ser de apenas 30 o 45 minutos.
Según la denuncia de “Compadre”, funcionarios de seguridad ingresaban armados a las instalaciones durante esos procedimientos, se aproximaban a las celdas y utilizaban luces intensas para alumbrar directamente a los privados de libertad.
Las afirmaciones de Lozano corresponden a su propio relato sobre las condiciones de reclusión. Los señalamientos, por sí mismos, no establecen una responsabilidad penal o administrativa de los funcionarios mencionados y deberán ser valorados por las instancias competentes.
Díaz afirmó que los señalamientos de Bell Fernández también le generaron preocupación porque, según explicó, ya había escuchado denuncias similares de otras personas sometidas a procesos de extradición. Entre los casos citados mencionó precisamente el de “Compadre” y el del exmagistrado Celso Gamboa.
“Hoy lo escuché de viva voz y no puedo, perdónenme, hacerme la vista corta y decir que esto no está sucediendo”, manifestó el fiscal general al referirse a las declaraciones de Bell Fernández y a la necesidad de determinar si existe alguna situación que deba ser investigada.
Fiscalía llevará denuncias a la instancia correspondiente
Ante las manifestaciones de “Macho Coca”, Díaz indicó que le preguntó directamente si estaba dispuesto a dejar constancia de lo denunciado mediante un video. Según el fiscal, Bell Fernández aceptó realizar la grabación.
“Decidí preguntarle si él quería por lo menos hacer un video denunciando esta situación y él me dijo que sí, que quería hacerlo”, afirmó Díaz. El fiscal agregó que esas grabaciones serían remitidas al mecanismo correspondiente para determinar si los hechos denunciados ameritan una investigación.
Las denuncias de ambos extraditados adquieren relevancia en medio de sus respectivos traslados hacia Estados Unidos. Bell Fernández es requerido por una corte federal de Nueva York por un caso relacionado con presunto narcotráfico internacional, mientras que Lozano Bonilla también fue extraditado por un proceso judicial en ese país.
En ambos casos, las manifestaciones sobre las condiciones de reclusión fueron planteadas antes de su salida de Costa Rica. La valoración de los hechos denunciados corresponderá a las autoridades competentes, que deberán determinar si existen elementos suficientes para abrir investigaciones y establecer eventuales responsabilidades.
