Magistrada Patricia Solano exige al Poder Judicial frenar ataques del Gobierno
La magistrada de la Sala III, Patricia Solano, hizo un llamado para que el Poder Judicial adopte una postura más activa frente a los cuestionamientos y señalamientos que, desde distintos sectores políticos, lo responsabilizan por la crisis de inseguridad que enfrenta Costa Rica.
Durante una entrevista concedida a CR Hoy, Solano sostuvo que la institución ha mantenido una actitud demasiado reservada frente a discursos que, según considera, atribuyen al sistema judicial responsabilidades que corresponden a otras entidades del Estado.
Magistrada Patricia Solano exige al Poder Judicial frenar ataques del Gobierno
La jueza señaló que el Poder Judicial ha cometido el “pecado” de no responder con suficiente claridad a las afirmaciones que buscan vincularlo directamente con el aumento de la criminalidad y la violencia.
La magistrada argumentó que la seguridad ciudadana es una función que la Constitución Política y la legislación nacional asignan principalmente al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Seguridad Pública y los distintos cuerpos policiales. En ese sentido, recordó que la intervención judicial ocurre una vez que los delitos ya han sido cometidos.
“La seguridad ciudadana es una de las funciones esenciales asignadas por la Constitución y por la ley al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Seguridad Pública. Lo que llega al Poder Judicial es cuando la contención no funciona, cuando el hecho ya sucedió”, afirmó Solano.
Las declaraciones surgen en medio de un contexto de creciente debate público sobre la inseguridad y el aumento de los homicidios en el país, situación que ha provocado intercambios de responsabilidades entre diferentes instituciones estatales.
La magistrada reconoció que el sistema judicial enfrenta desafíos y áreas que requieren mejoras. Sin embargo, defendió el trabajo realizado por jueces, fiscales y personal judicial, destacando que la institución ha impulsado procesos de modernización y revisión interna para aumentar su eficiencia.
Como parte de sus argumentos, Solano citó cifras institucionales que reflejan la gestión de expedientes. Según indicó, durante los primeros cuatro meses del año ingresaron más de 201 mil nuevos casos al Poder Judicial, mientras que en ese mismo período se concluyó la tramitación de aproximadamente 216 mil expedientes.
Asimismo, señaló que durante 2025 ingresaron cerca de 629 mil expedientes y se resolvieron alrededor de 846 mil asuntos judiciales, lo que representa una cantidad superior de casos concluidos respecto a los recibidos.
En materia penal, uno de los ámbitos que suele concentrar mayores críticas públicas, la magistrada explicó que el año anterior se abrieron aproximadamente 155 mil causas y se resolvieron unas 171 mil. Además, aseguró que el tiempo promedio de resolución ronda los 132 días, equivalente a poco más de cuatro meses.
Solano también manifestó que el Poder Judicial debe comunicar de forma más directa los resultados de su trabajo y corregir con mayor contundencia aquellas afirmaciones que considere inexactas o alejadas de la realidad institucional.
“De alguna manera guardamos silencio y no dijimos las cosas como son”, expresó la magistrada al referirse a la estrategia comunicativa que, a su juicio, ha predominado durante los últimos años.
La jueza afirmó además que jueces, fiscales y funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han mantenido esfuerzos constantes para fortalecer la investigación de delitos y mejorar la respuesta institucional frente al crimen organizado.
En sus declaraciones, también cuestionó que algunos logros obtenidos en materia de seguridad sean atribuidos exclusivamente a otras instituciones, señalando que muchas operaciones requieren la participación coordinada del OIJ, el Ministerio Público, la judicatura y, en determinados casos, la Fuerza Pública.
Las manifestaciones de Solano se producen en un escenario de tensiones entre representantes del Poder Judicial y miembros del Gobierno, quienes en distintas ocasiones han intercambiado críticas sobre el manejo de la seguridad pública y las reformas relacionadas con el sistema de justicia.
El debate reabre la discusión sobre las competencias de cada poder de la República en la atención de la inseguridad, así como sobre la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para enfrentar uno de los principales desafíos que preocupa actualmente a la ciudadanía costarricense.
