José Miguel Villalobos se rebela y declara guerra a polémico proyecto de combustible
José Miguel Villalobos, diputado de Pueblo Soberano, marcó distancia del proyecto de ley impulsado por el Gobierno para combatir el robo de combustible y anunció su oposición a varios de sus principales componentes. El legislador advirtió que, si la iniciativa avanza sin cambios, presentará un dictamen de minoría negativo.
La posición de Villalobos abre una diferencia pública dentro de las filas oficialistas, ya que el expediente 25.206 es una de las propuestas promovidas por el Ejecutivo para fortalecer la prevención y sanción de actividades ilegales relacionadas con combustibles.
ta legislativa, tramitada bajo el expediente 25.206, busca reforzar las herramientas legales para prevenir y sancionar actividades relacionadas con la extracción, transporte y comercialización ilegal de combustibles. Sin embargo, el legislador considera que algunas de las medidas planteadas podrían resultar desproporcionadas y generar cuestionamientos de carácter constitucional.
José Miguel Villalobos se rebela y declara guerra a polémico proyecto de combustible
La posición de Villalobos evidencia una diferencia pública dentro de la fracción oficialista, que hasta ahora había respaldado el proyecto como una de las respuestas institucionales al problema del robo de combustible en el país.
Uno de los principales cuestionamientos del diputado está relacionado con el aumento de penas contemplado en la iniciativa. Según explicó, el derecho penal debe mantenerse como un mecanismo de intervención mínima por parte del Estado y no utilizarse como la primera respuesta ante todas las conductas irregulares.
“El derecho penal constitucionalmente es un derecho de intervención mínima del Estado en virtud de las consecuencias lesivas para la libertad personal”, manifestó el legislador al justificar su rechazo a las reformas que endurecen las sanciones.
Además, Villalobos considera que algunas conductas incluidas en el proyecto deberían permanecer en el ámbito administrativo y no convertirse en delitos. Entre los ejemplos señalados se encuentra el ingreso de combustibles sin los permisos correspondientes, situación que, a su juicio, podría ser sancionada mediante multas u otras medidas administrativas.
El diputado también expresó preocupación por lo que considera un incremento significativo en las penas propuestas para ciertos delitos. Según indicó, algunas figuras relacionadas con el transporte ilegítimo de combustible aumentarían considerablemente sus rangos de castigo, elevando tanto las penas mínimas como las máximas previstas actualmente.
Otro de los puntos que genera reparos es la redacción de algunos tipos penales contenidos en la iniciativa. Villalobos cuestiona que determinadas disposiciones permitan sancionar a una persona por circunstancias vinculadas al deber de presumir el origen ilícito de un combustible, aspecto que considera podría generar debates sobre su compatibilidad con principios constitucionales.
La oposición más contundente del legislador se concentra en la creación de la Unidad de Protección Especial de Ductos de Combustible (UPED), una estructura especializada adscrita a la Refinadora Costarricense de Petróleo. La propuesta pretende dotar a esta unidad de funciones de apoyo en la protección de la infraestructura vinculada al sistema nacional de combustibles.
Según el texto del proyecto, esta unidad tendría facultades para colaborar en acciones relacionadas con la vigilancia y protección de los ductos, así como participar en determinadas actuaciones bajo coordinación y supervisión judicial cuando corresponda.
Villalobos rechaza que una sociedad anónima estatal cuente con personal investido como autoridad policial auxiliar. El legislador considera que la figura planteada genera dudas jurídicas respecto a sus competencias y alcances. Incluso calificó la propuesta como un “ornitorrinco jurídico”, al cuestionar la mezcla de funciones administrativas y policiales.
Mientras tanto, el proyecto mantiene como objetivo principal combatir el robo de combustible mediante nuevas herramientas legales. Entre las medidas contempladas se encuentran penas de entre cinco y quince años de prisión por robo, transporte o comercialización ilegal de combustibles pertenecientes a RECOPE, así como sanciones de tres a ocho años por daños o manipulación de sistemas de control del poliducto.
La iniciativa también establece registros obligatorios para compras de grandes cantidades de mangueras industriales de alta presión y declaraciones juradas patrimoniales para determinados funcionarios vinculados al sistema nacional de combustibles.
La discusión continuará en comisión legislativa durante las próximas semanas. El debate se centra ahora en encontrar un equilibrio entre el fortalecimiento de los mecanismos de control contra el robo de combustible y las preocupaciones planteadas sobre proporcionalidad de las sanciones y el alcance de las nuevas estructuras propuestas.
