Vianey Mora destapa vergonzoso pacto en el Congreso
La Asamblea Legislativa de Costa Rica enfrenta una severa ola de cuestionamientos tras las recientes decisiones institucionales en torno a un expediente de violencia sexual. La diputada Vianey Mora alzó la voz de forma enérgica para criticar los procedimientos internos ejecutados por el directorio del Congreso costarricense.
Mora denunció públicamente el manejo de los informes técnicos y la aparente pérdida de tiempo impuesta a los legisladores encargados del análisis de la causa. Las declaraciones de la congresista exponen profundas divisiones políticas sobre la efectividad del Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en el entorno parlamentario actual.
Vianey Mora destapa vergonzoso pacto en el Congreso
“Me indigna además que, si la presidencia legislativa sabía que no íbamos a conocer por el fondo este caso, nos haya hecho estudiar los informes, lo cual es una clara re-victimización de la víctima. La verdad es que la tarde de hoy lo único que nos deja es vergüenza, y a las mujeres que somos conscientes de lo que es sufrir, violencia sexual nos genera rabia”, manifestó explícitamente Mora durante su intervención.
El debate se centra en la aparente omisión de una votación por el fondo del asunto, lo que generó frustración entre los legisladores que analizaron la documentación. Para la legisladora, el hecho de revisar expedientes confidenciales sin un desenlace formal constituye un desgaste innecesario y un agravio para la persona afectada.
La congresista vinculó este suceso con las preocupantes estadísticas globales y regionales que manejan los organismos internacionales respecto a las denuncias de agresión de género. Las trabas burocráticas y la falta de resolución efectiva representan, según la legisladora, un desincentivo sistemático para las víctimas del país.
“Ustedes sabían que, según la ONU, en América Latina apenas un 5% de las mujeres denuncian formalmente cuando han sufrido violencia sexual. Y con antecedentes como este, vamos a seguir perpetuando esa cifra”, advirtió la diputada con vehemencia ante el plenario legislativo.
El análisis técnico del caso revela la complejidad de aplicar normativas punitivas y administrativas dentro del primer poder de la República sin interferir con las agendas partidarias. Diversos sectores sociales han manifestado su preocupación por la aparente impunidad o falta de claridad en la resolución de estos expedientes específicos.
Según Mora, las razones del silencio de las víctimas están ligadas directamente a la respuesta institucional que reciben cuando deciden visibilizar situaciones de acoso. El miedo al descrédito público y la impunidad jurídica figuran entre los principales factores que inhiben la presentación de querellas formales.
“Las mujeres muchas veces no denuncian porque se sienten culpables, porque sienten que no les van a creer y porque sienten precisamente que la institucionalidad les va a fallar. Y eso es lo que estamos haciendo acá”, enfatizó la legisladora durante la sesión ordinaria.
El impacto de estas decisiones trasciende el plano político y afecta de manera directa la percepción de seguridad laboral dentro de las oficinas del Congreso. Las funcionarias, asesoras y personal administrativo técnico observan con cautela cómo se resuelven los casos que involucran a figuras de alto perfil político.
“Yo ya no me voy a desgarrar hablándole a las mujeres del pueblo soberano, que parece que no son mujeres, que no saben lo que es vivir la violencia sexual, que tenemos estadísticas muy fuertes de que la mayoría de las mujeres las vivimos en diferentes ámbitos”, argumentó la congresista.
La discusión legislativa dejó en evidencia que las herramientas normativas actuales podrían requerir reformas urgentes para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas obligatoria. La falta de un dictamen definitivo deja un vacío legal que debilita la confianza ciudadana en las autoridades electas.
“El mensaje que se le está dando a las mujeres de Costa Rica es que no somos sujetas de derecho, que aquí las instituciones no nos van a proteger, la asamblea legislativa no nos va a proteger. Y no quiero ni pensar qué están pensando las mujeres trabajadoras de la asamblea legislativa a las cuales se les tiene que aplicar el reglamento contra el hostigamiento cuando suceden este tipo de casos”, alertó Mora.
El desenlace de esta jornada parlamentaria reabre el debate nacional sobre la necesidad de blindar los procesos de hostigamiento contra cualquier tipo de interferencia o cálculo político. La impunidad percibida erosiona el tejido democrático y debilita la protección de los derechos humanos fundamentales.
“Pues se sienten descobijadas. Este es un pésimo precedente. Solo espero que puedan reflexionar, porque lo que hoy está sucediendo es realmente vergonzoso. Le estamos dando la espalda a la víctima y al debido proceso con falacias”, concluyó la diputada.
