PLN exige votación sobre denuncia contra Fabricio Alvarado por acoso
La fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN) ha formalizado una petición ante el Directorio Legislativo para que el Plenario someta a votación, de manera inmediata, los informes relacionados con una denuncia de hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado.
Esta solicitud busca cerrar un procedimiento administrativo que, según la bancada, se encuentra en una etapa crítica para la justicia pronta y cumplida.
PLN exige votación sobre denuncia contra Fabricio Alvarado por acoso
Mediante una misiva enviada a la actual presidenta del Congreso, Yara Jiménez, los legisladores liberacionistas subrayaron que la normativa interna es clara sobre la necesidad de una resolución final. El texto fundamenta su petición en el artículo 25 del Reglamento contra el Hostigamiento Sexual para diputados y diputadas, el cual exige que estos procesos concluyan necesariamente con una votación del máximo órgano legislativo.
La bancada opositora argumentó que situaciones recientes no deben servir como excusa para postergar la resolución. Se señaló que la falta de quórum en las sesiones del 27 y 28 de abril de 2026 no invalida la obligación del Plenario de conocer los informes rendidos por la comisión especial investigadora. Para el PLN, el cambio de período constitucional tampoco constituye un obstáculo legal válido para omitir este deber.
El enfoque de los congresistas se centra en el cumplimiento de las obligaciones internacionales y constitucionales que el Estado costarricense ha suscrito en materia de violencia contra las mujeres. Aseguran que es indispensable garantizar que los procesos administrativos sean eficaces, oportunos y enfocados en la reparación de las víctimas para asegurar el acceso real a la justicia.
Asimismo, el comunicado advierte sobre los plazos legales establecidos en la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia. El artículo 5 de dicha ley estipula que los procedimientos internos no pueden exceder los tres meses de duración. La falta de una resolución definitiva por parte de la Asamblea Legislativa podría interpretarse como un grave incumplimiento de los deberes legales por parte de las autoridades competentes.
La preocupación de la bancada liberacionista radica en el mensaje que se enviaría a la ciudadanía si el caso se mantiene en la incertidumbre. «Cualquier intento de postergar, invisibilizar o encubrir hechos de esta naturaleza enviaría una señal sumamente grave al país», reza el documento remitido a la presidencia del Congreso. Para la fracción, la inacción compromete seriamente el deber institucional de combatir la violencia de género.
Finalmente, los legisladores enfatizaron que la debida diligencia frente a denuncias de acoso es vital para mantener la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. La resolución del caso Alvarado se presenta ahora como un examen de transparencia para la nueva conformación del Congreso, en el marco de la protección de los derechos fundamentales de las mujeres en la política costarricense.
