Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank anunció este jueves 19 de noviembre que no renunciará a su cargo
Pueblo Soberano le pide renunciar o enfrentar una investigación para destituirla; ella responde que renunciar sería “atentar contra la verdad”.

La Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, anunció este jueves 19 de noviembre que no renunciará a su cargo. La moción aprobada por 29 diputados de Pueblo Soberano (PPSO) le exige dejar el puesto o enfrentar un procedimiento de destitución por su visita al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).
Defensora de los Habitantes responde a la moción legislativa
En un pronunciamiento oficial, la jerarca describió la situación como un “momento muy difícil para Costa Rica”. También defendió que la inspección del 13 de noviembre fue un ejercicio legítimo de las competencias de la institución que dirige.
“Renunciar a mi cargo, como propone la moción, equivaldría a reconocer un incumplimiento en mis deberes legales en el cual nunca incurrí. Hacerlo, atentaría contra la verdad de los hechos y contra los valores éticos que han guiado mi administración”, afirmó Cruickshank.
La moción se aprobó el lunes 16 de noviembre solo con votos de la bancada oficialista. En ella, los diputados cuestionan las prioridades institucionales de la Defensoría y le atribuyen a su jerarca un trato “altanero e irrespetuoso” hacia el personal del centro penitenciario.
Una visita sorpresa que encendió el Plenario
Cruickshank llegó al CACCO sin previo aviso, acompañada del fiscal general, Carlo Díaz. Ambos querían verificar denuncias sobre presuntos abusos de autoridad contra personas privadas de libertad. Después de la visita, los dos jerarcas señalaron que había indicios de tortura.
La reacción del oficialismo fue inmediata. Los diputados del PPSO calificaron la inspección como un “show político” y, en la moción, reprocharon a la Defensora por “demostrar más interés en defender a los delincuentes que a las víctimas”.
La misma bancada aprobó otra moción para pedir a la Corte Suprema de Justicia la destitución del fiscal Díaz. Durante la discusión, diputados de oposición calificaron ambas iniciativas como un “show mediático”.
Cruickshank denuncia obstrucción durante la inspección
La Defensora rechazó de forma categórica las acusaciones sobre su conducta durante la visita. “En ningún momento me conduje de una manera altanera, irrespetuosa o contraria a las normas de convivencia”, aseguró en su pronunciamiento.
Además, señaló al personal del Ministerio de Justicia. Según dijo, “existieron conductas atribuibles al personal a su cargo que no solamente fueron irrespetuosas de mi investidura, sino que también obstaculizaron, incluso físicamente, e impidieron el ejercicio pleno de las competencias de fiscalización”.
Estas declaraciones abren un nuevo frente en la disputa. Ahora no solo se discute el motivo de la visita, sino también cómo actuaron las autoridades penitenciarias ante el órgano encargado de fiscalizar el respeto a los derechos humanos.
Derechos humanos y víctimas: “no son excluyentes”
La jerarca explicó que la inspección forma parte de una investigación que la Defensoría abrió en mayo de 2025 sobre el proyecto de la llamada “megacárcel”. Es decir, según su versión, la visita no fue un hecho aislado ni improvisado.
Cruickshank también respondió al argumento central del oficialismo, que contrapone la atención a personas privadas de libertad con la solidaridad hacia las víctimas de la criminalidad. Para ella, ambas tareas no se excluyen.
“Presentarlas como intereses contrapuestos o como una disyuntiva entre proteger a unas personas o a otras constituye una narrativa de división, que atenta contra la convivencia democrática y la propia cultura de derechos humanos de nuestro país”, señaló.
¿Qué sigue para la Defensora?
La moción aprobada dice que, si Cruickshank no renuncia, la Asamblea Legislativa debe abrir un procedimiento de investigación para determinar si procede su destitución. Con su negativa, la decisión vuelve al Congreso.
La Ley 7319 de la Defensoría de los Habitantes establece como causa de cese la “negligencia notoria” o las “violaciones graves al ordenamiento jurídico” en el cumplimiento de los deberes del cargo. En ese caso, una comisión legislativa debe dar audiencia a la jerarca e informar al Plenario.
Cruickshank fue electa el 27 de febrero de 2023, con 31 votos, para un periodo de cuatro años. Esa elección contó con el apoyo de bancadas de oposición al oficialismo de entonces.
En su pronunciamiento, la Defensora reiteró que su compromiso con la institución permanece “inalterable” y que la labor de la Defensoría debe mantenerse firme aunque genere “incomodidad, cuestionamientos o amenazas”.

