BCR en la mira: ¿Quién será el dueño al finalizar este año?
El Banco de Costa Rica (BCR) está hoy en el centro del debate nacional. La institución financiera estatal, con más de historia, se convirtió en protagonista de una discusión que podría redefinir el modelo bancario del país.
En los pasillos de la Asamblea Legislativa y en las esquinas de San José, una pregunta flota con la pesadez de una tormenta inminente: quién será el dueño del BCR al finalizar este año? Lo que comenzó como un anuncio audaz para sacudir las finanzas públicas se ha transformado en un complejo entramado de cifras, proyectos de ley y advertencias técnicas que mantienen a Costa Rica en vilo.
El destino de más de 148 años de historia financiera pende de un hilo, atrapado entre la urgencia del Poder Ejecutivo por pagar deudas y el temor de un sector que ve en esta transacción la pérdida irreversible de un activo estratégico. ¿Es realmente la venta del BCR la llave mágica para cerrar la brecha del déficit, o estamos ante una valoración que apenas roza la superficie de su verdadero poder económico?
El Gobierno y el imperativo de la «Seguridad Nacional»
Desde el inicio de la actual gestión, la postura oficial ha sido tajante. Para el Ejecutivo, el BCR no es solo un banco; es una herramienta de liquidez crítica. Según el Ministerio de Hacienda, la hoja de ruta es clara: los recursos obtenidos se destinarían exclusivamente a la amortización de la deuda, con el fin de aliviar el pago de intereses que presiona el presupuesto nacional.
Tras las elecciones de 2026, la administración de la presidenta Laura Fernández ha mantenido el tono, calificando la venta como una herramienta de «seguridad nacional» y una fuente necesaria de financiamiento para áreas críticas que el Estado hoy no puede cubrir. Sin embargo, esta narrativa choca frontalmente con la resistencia técnica en el Congreso y la academia.
La Asamblea Legislativa: El muro del control político
El expediente 23.331 se ha convertido en el campo de batalla donde los legisladores y la Contraloría General de la República han puesto la lupa sobre las «falencias» del proyecto. Los puntos de fricción que impiden el avance de la ley son:
La falta de claridad sobre el valor real de mercado frente al valor puramente contable.
La complejidad de transformar una institución autónoma en sociedad anónima sin una reforma estructural previa.
El riesgo para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja, que se beneficia de las transferencias anuales del banco.
La Academia advierte: ¿Vender la «Joya de la Abuela»?
Expertos de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA) han lanzado las críticas más severas. Según sus análisis, el precio estimado por el Gobierno podría representar «apenas una fracción (cerca del 20%) del valor real de sus activos». Los economistas sostienen que vender un activo rentable para pagar pasivos es un negocio poco estratégico, pues el Estado perdería dividendos recurrentes que superan el ahorro en intereses a largo plazo.
El BCR: «Trayectoria y Solidez»
En medio del fuego cruzado, el Banco de Costa Rica emitió un comunicado oficial el pasado 3 de febrero de 2026, tras las declaraciones de la presidenta electa. En el texto, la entidad fue enfática:
«El Banco de Costa Rica cuenta con una trayectoria de más de 148 años destacándose por impulsar el desarrollo económico y social de Costa Rica… Su cobertura nacional a través de 135 oficinas y alrededor de 3 000 Puntos Tucán, le permite estar presentes en cada rincón del país».
Además, la institución defendió su robustez técnica: «El BCR es un Banco estable, con una de las suficiencias patrimoniales más robustas y una solvencia financiera sólida en el mercado financiero costarricense».
La discusión sigue abierta. El balance entre la eficiencia fiscal y la soberanía institucional nunca ha sido tan delicado. Si el BCR pasa a manos privadas, Costa Rica cambiará su modelo de banca estatal para siempre. Si se mantiene bajo el ala del Estado, el Gobierno deberá buscar alternativas urgentes para una deuda que no da tregua.
